La mujer S.R.A. de 84 años con alzheimer y grado III de dependencia será expulsada de la residencia privada Bouco Carabanchel, ubicada en la calle Nuestra Señora de la Luz, número 74, el próximo sábado, fecha que cumple el plazo dado por la dirección el pasado 25 de marzo. La decisión se notificó a la familia a través de un escrito del director del centro, ubicado al sur de Madrid capital.
En concreto, el punto cuarto del escrito recoge: “Expulsión definitiva del centro en el plazo de 15 días y traslado definitivo al domicilio del residente” de la usuaria S.R.A.
El motivo de la expulsión es que su hijo elaboró un documento que repartió entre otros familiares de residentes de la Residencia Bouco Carabanchel para poder ejercer su derecho a denunciar si lo consideraban oportuno por el trato y cuidado que reciben algunos ancianos dependientes residentes.
Este centro cuenta con 160 plazas privadas en la residencia y ofrece, además, 50 plazas públicas en el centro de día concertadas con la consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid. Fuentes de esta consejería insisten en que “no hay plazas residenciales concertadas”, pero el pasado lunes aseguraron a este periódico que iban a enviar a la inspección para estudiar el caso.
Ante esta tesitura, el hijo J.E.R. ha enviado este miércoles un mail al director del centro, así como a la directora regional de la empresa Emeis, propietaria de las residencias, y a la consejera delegada de Emeis para España y Portugal para pedir algunos detalles de la posible expulsión.
La directora regional al cabo de la mañana de este miércoles se ha puesto en contacto vía mail con otra hija de la afectada para hablar del caso. Mañana jueves, J.E.R. acudirá a la sede de la compañía para ver qué le exponen.
El hijo solicita en su escrito, al que ha tenido acceso La Vanguardia, que “en caso de mantenerse la medida, se confirme día y hora en el que dicho centro, como impulsor de la medida, procederá a su ejecución”.
En su vivienda vive un hijo con un grado del 70% de discapacidad
Con el escrito de la residencia, se sobreentiende que responsables de la propia residencia de ancianos la van a llevar a su domicilio, donde además vive un hijo suyo dependiente y con un grado del 70% de discapacidad.
El hijo que realizó el escrito J.E.R. habló ayer con el director de la residencia Bouco Carabanchel, pero no le especificó cómo se va a llevar a cabo la potencial expulsión. La Vanguardia ha tratado en varias ocasiones de ponerse en contacto telefónico con la dirección de la residencia, pero ha resultado imposible obtener su versión de los hechos.
El hijo “díscolo” para el centro justifica que él ejerció su derecho “a la libertad de expresión e información”. “Tras denunciar la degradación de los servicios en la residencia e informar al resto de usuarios los canales y medios que tienen para reclamar o denunciar”, señala a La Vanguardia, le llegó la carta que notificaba la expulsión de su madre.
J. E.R reitera en que su madre ha sufrido en año y medio, viviendo en la citada residencia, “dos traumatismos craneales, dos fracturas seguidas en el brazo, una brecha en la ceja izquierda… de las que tengo fotografías e informes médicos del hospital público Gómez Ulla”, apunta. De ahí, sus quejas por el trato ofrecido a los ancianos en este centro del grupo francés.
Concentración el sábado
Según Miguel Vázquez, portavoz de la Asociación Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias (Pladigmare), “la ley 12/2022 de servicios sociales de la Comunidad de Madrid, considera falta grave que los centros y servicios de atención social tomen represalias contra usuarios y familiares como consecuencia del ejercicio de sus derechos, como recoge el artículo 97”.
Esta entidad ha convocado una concentración el próximo sábado en los alrededores de la residencia para manifestar su malestar por la decisión de expulsión tomada por la dirección del centro y respaldada por la empresa gestora. “La mujer no tiene la culpa de los actos de su hijo y no es justo que la expulsen”, sentencia el portavoz.
