La remodelación del Gobierno impulsada por el presidente Pedro Sánchez tras la salida de su exnúmero dos, María Jesús Montero, apunta a un giro técnico sin ruptura en la política económica de La Moncloa. El ascenso del ministro de Economía Carlos Cuerpo, como nuevo vicepresidente primero, y el desembarco de Arcadi España, como nuevo titular de Hacienda, consolidan una estrategia de continuidad y sitúan tanto la presentación de los Presupuestos como la reforma de la financiación autonómica como eje clave del ultimate de legislatura.
La salida de Montero, engranaje clave en el núcleo duro del poder de estos ocho años de sanchismo, implica una transición quirúrgica y ordenada hacia perfiles más técnicos que preservan la arquitectura económica existente. Precisamente con este contexto internacional marcado por la guerra en Oriente Próximo, tensiones energéticas y volatilidad inflacionaria, Sánchez busca transmitir previsibilidad. Es decir, estabilidad en la política económica para afrontar las consecuencias del conflicto.
El ascenso de Carlos Cuerpo a la vicepresidencia primera simboliza esta nueva etapa. Su perfil técnico, heredero del modelo que encarnó Nadia Calviño, se compagina ahora con un mayor peso político.
Cuerpo ha fijado como prioridad una economía orientada al largo plazo, capaz de anticipar transformaciones estructurales: transición energética, revolución tecnológica y reconfiguración geopolítica. Su enfoque, resumido en la thought de “llevar la macro a lo micro”, intenta responder a una demanda social creciente, que el crecimiento económico tenga impacto tangible en la vida cotidiana. Sin embargo, su margen de maniobra estará condicionado por factores externos como la inflación, los costes de la energía, la volatilidad de los mercados, así como la propia fragilidad del Ejecutivo en el Congreso.
La financiación autonómica: herencia y campo de batalla
El nombramiento de Arcadi España al frente de Hacienda refuerza el eje territorial de la política económica. Su experiencia previa en la negociación con comunidades autónomas y su papel en el diseño del nuevo modelo de financiación lo sitúan en una posición clave para seguir con una de las mayores empresas de Montero, la elaboración de las cuentas públicas cuando socios como ERC y Junts supeditan sus apoyos al avance del cumplimiento de los acuerdos de investidura, algunos en clave económica como la “soberanía fiscal” de Cataluña.
Ello también implica finiquitar las modificaciones al sistema de reparto de recursos al que las comunidades del PP, y dos del PSOE, se oponen con rotundidad. Este modelo, impulsado en la etapa de Montero, busca corregir desequilibrios históricos entre territorios, pero también abre debates sensibles sobre cesión de competencias fiscales, especialmente en relación con Cataluña, que sigue encuadrada en el Régimen Común.
La gran herencia que recibe el nuevo equipo económico es la reforma del sistema de financiación autonómica. Diseñada en negociación con la formación de Oriol Junqueras para garantizar el “principio de ordinalidad” exclusivamente para Cataluña, plantea cambios que podrían redefinir el equilibrio fiscal del Estado.
Entre los puntos más controvertidos figura la posible cesión de la gestión de impuestos como el IRPF, una demanda recurrente del independentismo catalán. La salida de Montero —percibida como un freno a estas concesiones— ha reactivado expectativas en algunos sectores de los republicanos y posconvergentes. @mundiario
