Este 24 de marzo se cumplen 50 años del golpe militar que derrocó al Gobierno constitucional de Isabel Perón e inauguró la última dictadura en Argentina. La fecha, que desde hace dos décadas se conmemora como el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, llega en un contexto político enrarecido, atravesado por discursos revisionistas desde el poder, intentos de relativizar el terrorismo de Estado con la promoción de una presunta “memoria completa” de lo ocurrido y una creciente disputa sobre el sentido mismo de lo que pasó entre 1976 y 1983.
La dictadura que se instauró aquel día no fue un paréntesis trágico ni una deriva descontrolada. Fue un sistema de poder que organizó la represión como política de Estado. Secuestros, torturas, desapariciones, centros clandestinos, apropiación de niños. La violencia no fue un exceso: fue el método. El objetivo no period solo eliminar a quienes el régimen consideraba enemigos, sino reconfigurar la sociedad a través del miedo.
Esa caracterización no descansa únicamente en la memoria colectiva o en el trabajo de organismos de derechos humanos. Descansa, sobre todo, en la justicia. Argentina construyó, con avances y retrocesos, un andamiaje judicial que permitió investigar, probar y condenar esos crímenes como delitos de lesa humanidad. Las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y más tarde el indulto presidencial a los jerarcas del régimen intentaron clausurar ese camino, pero su posterior anulación y la reapertura de los juicios consolidaron algo más que un consenso ethical: una verdad jurídica.
A diferencia de otros países que optaron por la amnesia o por fórmulas de reconciliación sin rendición de cuentas, Argentina convirtió su pasado en materia de derecho. Lo que ocurrió no es objeto de interpretación libre ni de steadiness equidistante. Está documentado, probado y sentenciado. Ese suelo firme es el que hoy se ve interpelado.
El discurso que reaparece con fuerza, y que encuentra respaldo en sectores del poder, con el presidente, Javier Milei, a la cabeza, intenta reinstalar la idea de una “guerra” entre dos bandos, con responsabilidades repartidas y “excesos” de ambos lados. La fórmula no es nueva, pero su resignificación actual sí resulta inquietante. Porque no se limita a revisar el pasado: lo reconfigura para alterar el presente. Hablar de “excesos” implica aceptar que hubo una respuesta legítima que se desbordó. Pero en Argentina no hubo tal desbordamiento. Hubo un aparato estatal que actuó fuera de la ley de manera planificada y sistemática.
La apelación a una supuesta politización de la memoria busca, además, deslegitimar décadas de trabajo institucional. No fueron solo activistas o relatos supuestamente interesados las que fijaron los hechos. Fueron tribunales, pruebas, testimonios, sentencias firmes. La discusión no es entre memorias enfrentadas, sino entre hechos juzgados y su negación.
Cada intento de relativizar el terrorismo de Estado erosiona la frontera que separa lo que una democracia puede tolerar de lo que debe condenar sin ambigüedades. Y cuando esa frontera se vuelve difusa, no solo se reescribe el pasado: se debilita el presente.
Frente a esa deriva, la persistencia de la sociedad argentina ofrece un contrapunto elocuente. Las historias de hijos de desaparecidos y de nietos y nietas que recuperan su identidad, el trabajo incansable de organizaciones como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, la continuidad de los juicios, incluso medio siglo después, no son gestos simbólicos. Son la expresión de una convicción profunda: que la verdad no prescribe.
A los 50 años del golpe, Argentina no está condenada a repetir su historia, pero tampoco está vacunada contra su distorsión. La democracia no se sostiene solo en elecciones o en mayorías coyunturales. Se sostiene, también, en acuerdos básicos sobre lo que ocurrió y sobre lo que no puede volver a ocurrir. En esa claridad se juega no solo la memoria de Argentina, sino la calidad de su democracia.
