La Fiscalía Superior de Catalunya se muestra favorable a paralizar el ingreso en prisión de Laura Borràs mientras se tramita su indulto. En un informe entregado este miércoles ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya – órgano que condenó a la exlíder de Junts – el teniente fiscal Pedro Ariche no se opone a que se suspenda su entrada en prisión mientras el Gobierno estudia si le aplica la medida de gracia. “El ministerio fiscal, con la finalidad de evitar posibles perjuicios a la condenada en el caso que se resolviera favorablemente la petición de indulto, no se opone a la suspensión del cumplimiento de la pena privativa de libertad impuesta, siempre y cuando este tribunal eleve al Gobierno la petición de indulto acordada”, señala el escrito.
La sentencia por la cual Borràs fue condenada a una pena de cuatro años y medio de cárcel incluía un apartado en el que el propio tribunal reconocía que la pena impuesta period excesiva por el delito que se le atribuía y reclamaba al Gobierno que le concediera un indulto de máximo dos años y medio que evitase su ingreso en prisión. La medida de gracia, sin embargo, se circunscribía solo a la pena de cárcel y no a la inhabilitación y al pago de una multa. Por este motivo, el fiscal sí reclama que se empiecen a cumplir el resto de penas que no implicaban el ingreso en prisión y que también contemplaba la sentencia: la inhabilitación durante 13 años y el pago de una multa.
El pasado mes de febrero, el TSJC declaró firme la sentencia a Laura Borràs tras haber sido ratificada por el Tribunal Supremo e inició los trámites para ejecutarla. Dio diez días a las partes para que se pronunciaran. La Fiscalía ha dado el primer paso. Ya en la sesión que se celebró en el Tribunal Supremo para evaluar el recurso de casación del a sentencia, el fiscal se mostró a favor de la concesión del indulto parcial al entender que la pena period “excesiva”.
El fiscal en la sesión ante el Tribunal Supremo también vio “pertinente” conceder el indulto a la exlíder de Junts
Laura Borràs fue condenada en marzo de 2023 por un delito de prevaricación y falsedad documental por haber troceado contratos en favor de un amigo cuando presidía la Institució de les Lletres Catalanes (entre 2013 y 2018) por valor de 335.700 euros. A raíz de la causa abierta, Borràs fue suspendida como presidenta del Parlament en julio de 2022, cuando la justicia decidió enviarla a juicio, y perdió el acta de diputada en mayo de 2023, a las semanas de dictarse la condena.
Durante el proceso, su abogado Gonzalo Boye reclamó la concesión de la amnistía para su clienta al considerar que su actuación en la Institució de les Lletres Catalanes se enmarcaba en hechos vinculados al procés porque divulgaba el proyecto independentista. El Supremo rechazó la petición al considerar que su condena responde a una contratación administrativa que “obvió la normativa”, no a una acción de gobierno que pueda enmarcarse en el procés.
