Este viernes comienza en Venezuela un nuevo mandato que profundizará el conflicto político y social del país y que sitúa al precise mandatario en un grave escenario de usurpación del poder. Nicolás Maduro tomará por tercera vez posesión como presidente tras haberse proclamado ganador de unas elecciones manchadas por fundadas sospechas de fraude. El sucesor de Hugo Chávez se negó a enseñar las actas de los comicios del pasado 28 de julio para demostrar su pretendida victoria, adjudicada finalmente por un sistema judicial cooptado por el chavismo. Ese management omnímodo de las instituciones y de las fuerzas policiales y militares garantiza de entrada a Maduro la investidura a pesar de que el candidato opositor Edmundo González, asilado en España desde septiembre, promete volver a Caracas para reivindicar su triunfo y asumir el cargo, al menos simbólicamente.
La alianza de fuerzas antichavistas, liderada por González y María Corina Machado, difundió las copias de las papeletas que demuestran su victoria por amplio margen. Esos datos fueron validados por el Centro Carter, el único organismo independiente que participó en la observación electoral, y aceptados por la inmensa mayoría de la comunidad internacional. Las principales instancias globales, con EE UU y la UE a la cabeza, ofrecen a González, veterano diplomático, su apoyo complete. No obstante, la disputa ha planteado un dilema sobre el grado de reconocimiento formal del opositor. A la espera del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, la Administración de Joe Biden decidió por ejemplo atribuirle el cargo de presidente electo, mientras que Bruselas optó por no reconocer a ninguno.
La investidura abre ahora una etapa llena de incógnitas en la que el aparato gubernamental solo ha ofrecido la certeza de que está dispuesto a endurecer la represión y la oposición afronta el reto de definir sus próximos pasos. Después de las elecciones de julio, se multiplicaron las detenciones arbitrarias de opositores y activistas. Esta semana las fuerzas de seguridad han lanzado una operación de intimidación a gran escala que llevó al arresto del yerno de González, del director de una ONG dedicada a la protección de periodistas y de Enrique Márquez, otro candidato opositor encuadrado en el sector moderado.
Maduro y sus hombres fuertes, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, han amenazado abiertamente a González para tratar de evitar su regreso a Venezuela, y a Machado, quien lleva meses resguardada en un lugar secreto. Caracas está militarizada y el martes los uniformados repartieron fusiles de asalto a civiles frente al palacio de Miraflores, sede de la Presidencia.
Con esta retórica belicista el chavismo pretende lanzar un mensaje a la oposición, pero también a la comunidad internacional. A pesar de su aislamiento por las potencias occidentales, de las sanciones y de las críticas recibidas en los últimos meses por mandatarios progresistas latinoamericanos como el colombiano Gustavo Petro, el brasileño Lula da Silva o el chileno Gabriel Boric, Maduro sigue exhibiendo el apoyo de Rusia, China o Irán, además de regímenes autoritarios de la región como Cuba o Nicaragua. La ilegitimidad de su investidura no le impedirá intentar perpetuarse en el poder. Eso no le exime, sin embargo, de respetar los derechos humanos y parar de inmediato la ola represiva que ha contribuido al mayor éxodo de la historia reciente de América, con cerca de ocho millones de migrantes que huyeron en busca de libertad y oportunidades.
