El Consejo de Ministros aprobó ayer un decreto ley para obligar a distribuir a los menores migrantes no acompañados entre todas las comunidades cuando alguna de ellas tenga saturados sus servicios de acogida, como sucede ahora en Canarias y Ceuta. La decisión llega casi ocho meses después de que el PP, Vox y Junts hicieran fracasar en el Congreso un proyecto comparable pactado entre el Gobierno y Coalición Canaria, que gobierna en Canarias. El Ejecutivo se ha asegurado ahora el apoyo de los independentistas catalanes. Junts, al que el Gobierno cedió la baza de anunciar el decreto, se abrió a negociar solo tras asegurarse la delegación a Cataluña de competencias en inmigración.
En estos meses, miles de menores (casi 5.800 actualmente solo en Canarias) han vivido atrapados por un debate político cada vez más envenenado, en centros hipersaturados y, en ocasiones, víctimas de malos tratos, como ha denunciado Amnistía Internacional. El decreto ambiciona serenar ese debate al fijar principios objetivos para declarar una situación migratoria extraordinaria, detallar los criterios de reparto o determinar las plazas de acogida de cada autonomía. Pese al aumento en las llegadas de menores, el sistema de acogida, que depende de las comunidades pero financia en parte el Estado, carece de datos rigurosos.
El sistema se medirá por su capacidad de dar respuesta a la dramática situación en Canarias. Es necesaria una solución duradera que implique a Gobierno y comunidades y a los dos principales partidos en una política solo concebible con perspectiva de Estado, porque no va a cesar gobierne quien gobierne. Pero no se puede ocultar la complejidad de su ejecución, tanto por el partidismo alicorto que ayer volvió a evidenciarse como por razones técnicas y presupuestarias. El Gobierno prevé destinar 100 millones a compensar a las comunidades y mejorar unos sistemas claramente infradotados, de forma que las autonomías asuman en serio de una vez la acogida de los niños.
El PP, cuyo concurso resulta imprescindible para el reparto porque gobierna 11 comunidades, mostró de nuevo sus discrepancias internas y el efecto de la presión de la xenofobia de Vox. Resulta comprensible que los gobiernos del PP quieran asegurarse una financiación adecuada para la acogida digna a los menores y la creación de nuevas plazas—más de 4.000 en sus comunidades, 1.145 solo en Madrid—. Pero Feijóo tiene que aclarar si su partido cumplirá la ley o si respalda a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, quien se apresuró a anunciar que recurrirá el decreto antes de conocer su contenido. Han sido muchos meses en que no han primado ni los derechos de los menores ni la solidaridad de los territorios. Es hora de abandonar el cortoplacismo político, despreciar la xenofobia y arbitrar salidas con vocación de futuro. Causa vergüenza que parezca una tarea imposible proteger los derechos de 4.400 niños en un país avanzado de 49 millones de habitantes.
