Canarias está al límite. La llegada de embarcaciones por la ruta que conecta el archipiélago con la costa africana no deja de batir récords (46.843 personas alcanzaron sus playas en cayucos en 2024), tensionando sus capacidades de acogida e integración.
Fernando Clavijo, presidente canario, lo ha expresado en múltiples ocasiones con un tono que refleja su hartazgo. Sin embargo, este descontento no se debe solo a la saturación de la crimson de asilo –que, según sus cifras, ya tutela a 5.812 menores cuando la capacidad máxima es de 2.000 plazas–, sino también a la falta de un pacto de Estado que PSOE y PP han alejado repetidamente rechazando mutuamente las premisas planteadas por el otro.
La utilización de la inmigración como arma política ha terminado por desesperar a Clavijo. Recientemente ha firmado un acuerdo, alternativo a las posiciones de los dos grandes partidos, con el PNV. Su esperanza es que, al no estar asociado ni a socialistas ni a populares, esta propuesta pueda sortear los vetos cruzados y atraer a ambas formaciones a sentarse en una misma mesa, algo que no ocurre desde hace varias semanas.
Lo más relevante de la propuesta es cómo se ha fraguado una iniciativa impulsada por dos autonomías que han de gestionar su carácter fronterizo. Canarias linda con África, pero el País Vasco lo hace con Francia, que ha cerrado sus vías de entrada obligando a Euskadi a asumir una población en tránsito hacia Europa.
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Aunque no es la primera vez que eso ocurre, llama la atención esta solución de tono federal en la que son las comunidades quienes le dicen al Gobierno y al Parlamento cómo resolver un serio problema que ninguno de los partidos de alcance estatal sabe solventar.
El fenómeno de la inmigración tiene muchas capas, pero la del reparto de los niños y adolescentes no acompañados es la carpeta que se sitúa, desde hace varios meses, en lo alto de la pila de asuntos pendientes. Concretamente desde junio, cuando el Gobierno central y el de Canarias acordaron una reforma del artículo 35 de la ley de Extranjería que incluía, por primera vez, que los menores extranjeros no acompañados serían distribuidos de forma obligatoria, a diferencia de lo que sucede ahora, en que los mecanismos de solidaridad entre comunidades son, por decirlo así, voluntarios.
El nuevo mecanismo se activaría automáticamente cada vez que una comunidad autónoma superara en un 150% su capacidad de acogida de menores migrantes. Y la reubicación se definiría atendiendo a los criterios de población, renta, desempleo y el número de menores ya acogidos, contando para ello con una partida inicial de 125 millones de euros.
El texto authorized, sin embargo, cayó a las primeras de cambio. Los 177 votos en contra de PP, Junts y Vox, unidos a la abstención de UPN, frenaron en el Congreso de los Diputados una iniciativa impulsada, conviene recordar, por el Gobierno canario que conforman Coalición Canaria y el propio PP.
Señalados como culpables del fracaso, los de Alberto Núñez Feijóo, quien ha contraatacado acusando al PSOE de usar la inmigración para intentar romper la precise coalición de gobierno en Canarias, tocaron a rebato. Y tras negociarlo con el conjunto de sus barones –presionados a su vez por Vox, que amenaza con desestabilizar seis gobiernos autonómicos impidiendo la aprobación de sus respectivos presupuestos–, el PP ofreció al presidente canario una solución alternativa. Un pacto más “amplio” que le distanciara de la reforma del artículo 35 que propone el PSOE bajo el compromiso de declarar la emergencia migratoria y arrancar una mayor implicación financiera del Estado en la atención de los menores.
Su propuesta, no obstante, no fue aceptada por el Gobierno, que pospuso la siguiente ronda negociadora hasta la conferencia de presidentes celebrada a principios de diciembre en Santander. La reunión no sirvió de nada.
Consciente de que esto podía suceder, el presidente de Canarias acudió a ese cónclave con un plan B: un pacto firmado con el lehendakari, Imanol Pradales, que, constatada la “falta de empatía y sensibilidad” mostrada por PSOE y PP para negociar, abría una tercera vía aunando lo pactado en verano con el Gobierno y sus socios con el 95% de las peticiones posteriormentes realizadas por el PP.
Según afirman fuentes del Gobierno canario recogidas por El Mundo, Bildu y ERC estarían ahora dispuestas a apoyar una propuesta que, de no lograr una negociación favorable, incluso podría tomar forma de decreto ley en el Congreso.
Es difícil saber qué posición tendrían los diputados de Junts, concentrados en un acuerdo bilateral con el Gobierno central sobre la gestión integral de la inmigración que llega a Catalunya.
Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo tendrían la última palabra para lograr una solución pactada a la migración.
Un puzle con piezas que no encajan
Las soluciones que los unos quieren aplicar al drama migratorio son escollos para los otros y evidencian que las piezas que cada cual aporta al puzle no encajan entre sí. El PSOE propone un mecanismo de distribución vinculante de los menores migrantes no acompañados entre diferentes autonomías desde zonas con los recursos saturados. Y el PP reclama una política integral “firme” que incluya “mayor protección de las fronteras” así como “actuaciones en países terceros”, alegando que es “imposible disociar” la situación de niños y adolescentes de la política migratoria en su conjunto”.
