Un elefante en el Parlament

El Parlament cumplió 45 años de su historia reciente el pasado 10 de abril, con un voluminoso elefante en el hemiciclo: la ley electoral. Después de años de negociaciones entre los partidos y varios intentos frustrados –el último en el 2021–, la Cámara catalana sigue siendo la excepción en el mapa autonómico, ya que elige a sus diputados con la ley española y el arbitraje de la Junta Electoral Central. Aprobar una norma propia es una carpeta que pasa de una legislatura a otra y que incomoda a los partidos catalanes, pero ahí sigue. Y no hay solución a la vista.

Uno de los principales escollos, pero no el único, ha sido encontrar una fórmula de consenso para traducir los votos en escaños. El Estatut determina que el sistema electoral sea proporcional –que los escaños que se reparten en cada circunscripción se asignen en proporción a los votos que obtenga allí cada candidatura– y que se asegure la representación adecuada de todos los territorios.

En la práctica, y mientras no haya una ley electoral propia, el Estatut prevé que la circunscripción sea la provincia, y asigna los 135 escaños en función de la población: 85 a Barcelona, 18 a Tarragona, 17 a Girona y 15 a Lleida. Calculadora en mano, este prorrateo perjudica sobre todo a Barcelona –y a los partidos que tienen allí más votos–, ya que por población debería tener más escaños, lo que restaría influencia a otras provincias.

Los partidos hacen números cuando negocian este punto y nadie quiere ceder. “He visto muchas propuestas de sistema electoral y un problema grave es que las ganancias y las pérdidas son muy visibles, cualquiera con un Excel hace una simulación de cómo le afecta y si un partido pierde un escaño ya no le interesa. Si la ley de sanidad o de educación tuvieran consecuencias tan cuantificables como el sistema electoral, no se cambiaría nunca nada”, indica Agustí Bosch, profesor de Ciencia Política en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y experto en sistemas electorales. Bosch apunta que una segunda causa para posponer el acuerdo “es que los partidos siempre piensan que en las próximas elecciones les irá mejor y prefieren dejar los cambios para la siguiente legislatura y así no perder tanto”.

Agustí Bosch, profesor de Ciencia Política en la UAB

“Si hubiera leyes con efectos cuantificables como el sistema electoral, no se cambiaría nunca nada”

Bosch cube además que esas dificultades son globales. “Los sistemas electorales son tremendamente estables en todo el mundo, los cambios son raros”, asegura. Siempre hay quien pierde con el cambio y no quiere tocar nada.

En el Parlament, los intentos de pactar una ley electoral han sido ambiciosos. En el 2007, el Govern encargó a una comisión de expertos un informe que sirviera de base y que propone cambios sustanciales: un mínimo de 120 y un máximo de 150 escaños, supeditado a la participación; las veguerías como circunscripción electoral: listas cerradas pero desbloqueadas, que permitan al votante ordenar a los candidatos según preferencias, y la creación de una sindicatura electoral. Algunos partidos han propuesto incluso un sistema mixto, related al alemán, que diera un doble voto a cada elector: uno a un candidato concreto de su circunscripción y otro a una lista cerrada de partido.

Marc Carrillo, catedrático emérito de Derecho Constitucional de la UPF

“”La Loreg prevé listas cerradas y bloqueadas, que podría no prever, y que dan whole dominio a la élite del partido”

Modificar el precise sistema de candidaturas cerradas y bloqueadas por otro que permita al elector concretar a quién o quiénes da el voto es un buen banderín para una campaña electoral. Muchos ciudadanos lo suscribirían. Pero restaría management a los partidos y cuesta pensar que aprueben algo así.

“Tanto la Constitución como el Estatut dan a los partidos un gran poder como instrumento de participación política y hay un elemento clave que son las listas cerradas y bloqueadas que prevé la ley electoral, la Loreg, y podría no prever”, señala Marc Carrillo, catedrático emérito de Derecho Constitucional de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), quien subraya que la consecuencia es “el dominio absoluto del partido y para ser preciso, de la elite del partido”.

Carrillo apunta que en un sistema electoral mayoritario uninominal, como el británico, donde sale elegido un solo candidato por circunscripción –estas son pequeñas y hay muchas–, el diputado tiene un mayor protagonismo en el sí de su partido porque se presenta a una contienda que personalmente gana o pierde. Pero el partido lleva las riendas. “El partido tiene que elegir bien a quién coloca en cada circunscripción para ganar, pero las reglas del juego político quedan fijadas antes, uno sabe perfectamente qué puede hacer y qué no, de lo contrario no va como candidato”, añade. En todo caso, la Constitución no permite un sistema así, ya que no hay proporcionalidad, y Carrillo puntualiza que incluso un sistema mixto related al alemán debería pasar el filtro del Tribunal Constitucional.

Y si todos estos elementos no fueran suficientes para complicar el futuro de una ley electoral catalana, el Estatut eleva el listón al requerir que esta se apruebe por una mayoría de dos tercios del Parlament: 90 diputados de los 135. Y modificar el Estatut en este punto, que afecta a un derecho basic como el de sufragio, requeriría la misma mayoría cualificada. Toca seguir negociando porque por ahí no hay salida.