La Actual Federación Española de Fútbol (RFEF) consumó este lunes otro escándalo con la elección por una aplastante mayoría de Rafael Louzán, condenado por prevaricación, como su presidente hasta 2028. Louzán period el claro favorito al partir con el apoyo de buena parte de los 19 barones territoriales y del presidente de LaLiga, Javier Tebas, pese a su condena a siete años de inhabilitación para un cargo público, que el Tribunal Supremo resolverá en febrero si hace firme. Cuando period presidente de la Diputación de Pontevedra por el PP, puesto que ocupó durante 12 años, Louzán concedió a una constructora más de 86.000 euros de subvención para unas obras en un campo de futbol de una localidad que en su mayoría ya estaban ejecutadas. Un juzgado le condenó en 2021 a dos años de cárcel por fraude, pena de la que le absolvió al año siguiente la Audiencia Provincial, aunque confirmó la inhabilitación.
La designación de Louzán vuelve a mostrar todos los vicios de un organismo endogámico y clientelar como la RFEF que los sucesivos gobiernos no han logrado atajar. Pero son los 90 asambleístas que le apoyaron (frente a los 43 que votaron a su rival, Salvador Gomar) los que deberían explicar si un condenado por prevaricación es la mejor carta de presentación de España ante el mundo en el mayor espectáculo de masas, especialmente cuando va a comenzar la preparación de un Mundial. Ninguno parece preguntarse por qué los estándares exigibles para ocupar un puesto de representación en cualquier institución pública o privada no lo son en el fútbol.
Y no lo son porque la Federación se ha caracterizado por una gestión oscura y caciquil que ha terminado con tres presidentes —Ángel María Villar, Luis Rubiales y Pedro Rocha— investigados por delitos de corrupción durante sus mandatos. Aunque la RFEF sea una entidad privada, es de utilidad pública y tiene funciones públicas. Pese a la enorme repercusión social de sus decisiones —y el negocio multimillonario que es el fútbol—, sus responsables nunca han manifestado el menor interés por la transparencia. Una regeneración para abordar un cambio muy profundo se convirtió en clamor internacional tras el beso no consentido y las coacciones de Rubiales a la jugadora Jenni Hermoso el año pasado. Desde entonces, la RFEF camina en una situación terminal, que la elección de Louzán no va a resolver. Diga lo que diga el Supremo, el daño a la imagen del futbol español ya está hecho.
El Gobierno afirma que tiene intención, a través del Consejo Superior de Deportes (CSD), de denunciar al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) la elección de Louzán por incumplir los propios estatutos federativos, que fijan entre los requisitos para ser miembro de los órganos de gobierno de la RFEF no estar inhabilitado para desempeñar cargos públicos, aunque sin aludir a la firmeza de la decisión. Tras la imputación de Rocha en abril, el Gobierno decidió tutelar la federación a través del CSD, lo que por el momento no ha resuelto el caos en el organismo. Ahora debe actuar con la máxima celeridad y transparencia.
España va a organizar, junto a Portugal y Marruecos, el Mundial de 2030. Es la vigente campeona masculina olímpica y de la Eurocopa y femenina mundial. Varios de sus clubes figuran entre los más laureados y prestigiosos del planeta. Sus profesionales han demostrado de sobra su buen hacer y millones de aficionados siguen el fútbol con pasión cada semana. Todo ese entramado de negocio, espectáculo y sentimientos que es el fútbol no se merece que sus responsables elijan a un presidente prevaricador.
