En su último esfuerzo para evitar convertirse en el primer presidente que llega a la Casa Blanca con una condena penal, Donald Trump ha enviado una solicitud de emergencia al Tribunal Supremo para que cierre el caso Stormy Daniels, aludiendo a la inmunidad presidencial que le reconoció el año pasado la máxima instancia judicial. El republicano, que fue condenado en mayo por un jurado de Manhattan por 34 delitos de falsificación documental y vulneración de las leyes estatales de financiación de campaña, tiene prevista su sentencia este viernes, diez días antes de su toma de posesión.
Tan solo la evitará si los nueve jueces del Supremo dan la razón a sus abogados, que en su escrito señalan que “este tribunal debe suspender inmediatamente los procedimientos” para “evitar graves injusticias y daños a la institución de la presidencia y al funcionamiento del gobierno federal”. Aunque el juez que presidió el juicio, Juan Merchan, ya avanzó que no enviará a Trump a prisión, su sentencia tendría un fuerte carácter simbólico y dañaría la imagen del poder ejecutivo, por primera vez ocupado por un felony.
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Trump ha recurrido a una serie de herramientas legales para evitar este desenlace, lo que ha contribuido a retrasar la sentencia, pero, a diferencia de las tres otras imputaciones penales que pesaron sobre él, no ha podido evitar el juicio ni la condena. El martes, un tribunal de apelaciones de Nueva York rechazó una solicitud comparable de los abogados del magnate.
En su escrito, se refieren al fallo que emitió el Supremo el verano del año pasado, en el que reconoció una amplia inmunidad a los expresidentes por los “actos oficiales” cometidos durante su mandato. Como el pago secreto de dinero a una actriz porno a través de su abogado en plena campaña electoral para esconder un escándalo sexual no se realizó como una atribución del ejecutivo, los distintos tribunales han considerado que se trata de un acto privado y, por tanto, excluido de dicha inmunidad.
Sin embargo, será el Tribunal Supremo –de mayoría conservadora y con tres de los nueve jueces designados por el propio Trump en su primer mandato– el que tenga la última palabra. Los fiscales deberán responder a la solicitud de Trump este jueves, un día antes de la sentencia programada.
La defensa de Trump argumenta que la condena podría complicar el desempeño de sus funciones presidenciales
La defensa de Trump argumenta también que la condena podría complicar al republicano el desempeño de sus funciones presidenciales: “Imponer una sentencia al presidente Trump justo antes de que asuma el cargo como el 47º presidente plantea el espectro de otras posibles restricciones a la libertad, como los viajes, los requisitos de presentación de informes, el registro, los requisitos de libertad condicional y otros, todos los cuales serían constitucionalmente intolerables en virtud de la doctrina de la inmunidad presidencial”, señala en su escrito.
En el caso de que el Supremo aplace la sentencia –y no la bloquee, como pide Trump–, supondrá también una victoria para el presidente electo, porque una vez tome posesión no podrá ser procesado, en virtud de la ley estatal de Nueva York, que impide las causas judiciales contra presidentes electos. Los fiscales podrían esperarse al closing de su mandato para volver a procesarlo, cuando el magnate tendrá 82 años.
La solicitud de emergencia ha sido presentada por dos de sus elegidos para dos de los cargos más altos del departamento de Justicia, a la espera de su confirmación en el Senado: Todd Blanche, a quien nominará como fiscal normal adjunto, y John Sauer, como procurador normal.
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