Conviene recordar todas las cifras, una vez más, aunque por sí solas apenas reflejan un dolor que no habrá hecho sino intensificarse en estas fechas. Primero, las 224 personas fallecidas en Valencia (más siete en Castilla — La Mancha y una en Andalucía) por la brutal inundación provocada por una dana de dimensiones sin precedentes el pasado 29 de octubre. Tres víctimas permanecen desaparecidas más de dos meses después. Fueron 75 municipios afectados en Valencia en los que viven más de 400.000 personas. Las potentes imágenes que han dado la vuelta al mundo en este tiempo no alcanzan a transmitir el nivel de destrucción: 76.143 viviendas afectadas, además de 137.325 vehículos y 14.200 comercios y almacenes, según los datos del Consorcio de Compensación de Seguros, que calcula los daños en bienes asegurados en 3.500 millones de euros.
El Banco de España utiliza el huracán Katrina (1.800 muertos en Nueva Orleans en 2005) como referencia para evaluar la tarea de reconstrucción de la economía valenciana: calcula que se quedó completamente estancada durante 21 días. Un complete de 2.882 empresas han solicitado ERTE (expedientes de regulación de empleo temporales) para más de 30.400 trabajadores. La Cámara de Comercio de Valencia calcula los daños totales en 13.000 millones. Según sus datos, la dana dejó en el cinturón industrial de la ciudad de Valencia 2.400 industrias seriamente dañadas (el 20% de la industria de la provincia), que facturaban 7.000 millones de euros y empleaban a 30.000 personas.
En cuanto a las ayudas, se están distribuyendo tanto las directas para particulares como los créditos a empresas. Según los datos del Gobierno central a 5 de enero, se han movilizado 16.600 millones. Se han registrado 347.000 peticiones de ayuda, de las que se han abonado 110.000 por importe de poco más de 1.100 millones. A esa fecha, 2.034 familias habían recibido ayudas por pérdidas materiales y 62 por fallecimiento. Los 1.000 millones comprometidos por la Generalitat ya están movilizados, según el Govern.
Aunque las cifras revelan un esfuerzo extraordinario de las administraciones, es inevitable —y criticable— la sensación de lentitud y exceso de burocracia en las ayudas. También provoca un comprensible hartazgo ciudadano el enfrentamiento político casi diario entre administraciones. Todos los datos no son suficientes para consolar a quienes aún tienen barro en sus garajes, a quienes han tenido que pasar las fiestas fuera de sus casas o a quienes, con ayuda o sin ella, no tienen fuerzas para volver a abrir sus negocios. Han pasado más de dos meses. Es necesario recordar una y otra vez la necesidad de que los ciudadanos vean el dinero en sus cuentas corrientes cuanto antes y con los requisitos mínimos. Fuera de los despachos, en las calles, queda todo por hacer para que cientos de miles de personas en una de las provincias más pujantes de España recuperen lo que el resto llamamos vida regular.
