Telefónica del Perú declara el concurso de acreedores | Empresas

Telefónica del Perú ha decidido solicitar voluntariamente el concurso de acreedores para responder a la disaster financiera que afecta al negocio en el país andino, y a los pleitos fiscales que arrastra desde hace dos décadas por más de 1.000 millones de euros.

A fin de evitar los impagos, Telefónica Hispam saldrá al rescate de su filial con una inyección crediticia de 394 millones de euros (1.549 millones de soles peruanos), con un vencimiento de 18 meses, para hacer frente a las necesidades inmediatas de pagos, según ha informado la compañía través de un hecho relevante a la CNMV.

La compañía procede a realizar una restructuración ordenada de los pasivos de Telefónica del Perú a través de lo que en el país se denomina Procedimiento Concursal Ordinario. El operador explica que, “como es de público conocimiento, la situación financiera de Telefónica del Perú se ha visto muy negativamente afectada por contingencias fiscales de más de 20 años de antigüedad, así como por decisiones administrativas que han colocado a la compañía en una posición de desventaja competitiva en un entorno de mercado particularmente desafiante”.

Según los últimos resultados disponibles de Telefónica del Perú, correspondientes al tercer trimestre de 2024, en lo que iba de año había registrado una caída de ingresos del 7,2% respecto al anterior ejercicio, con las pérdidas agravándose notablemente.

“A partir de un escenario de mercado más complejo y al entorno de escasa predictibilidad y seguridad jurídica, se ha registrado un ajuste por deterioro de activos, lo que, sumado al resultado negativo de la operación, llevó a un resultado neto acumulado en los primeros nueve meses del año”, explicaba la compañía. Concretamente, Telefónica del Perú pasó de perder 332,46 millones de soles en 2023 (unos 85,4 millones de euros) a dejarse en los primeros nueve meses de 2024 cerca de 2.534 millones de soles (equivalente a alrededor de 651 millones de euros).

En esos mismos resultados, los del tercer trimestre de 2024, Telefónica detallaba que la filial peruana contaba entonces con 9,9 millones de clientes de servicios móviles y 3,2 millones de accesos a servicios fijos. “Este es el mejor camino para proteger la prestación de los servicios de telecomunicaciones a los peruanos”, asegura la teleco.

Telefónica también ha reiterado en los últimos meses que los pasivos de Telefónica del Perú no se encuentran garantizados por ninguna otra entidad de la matriz. Con vistas al futuro, Telefónica seguirá explorando alternativas estratégicas respecto de su inversión en Telefónica del Perú, ha indicado, en alusión a una posible venta. “La protección del marco concursal permitirá a Telefónica del Perú reestructurar sus pasivos en forma ordenada y con el concurso de acreedores”, cube la compañía en el comunicado.

Esta declaración del concurso se produce al tiempo que se mantiene abierto un arbitraje por las contingencias fiscales ante el Ciadi (Centro Internacional para el Arreglo de Disputas sobre Inversión). El operador exige al Estado peruano 1.122 millones de euros por daños y perjuicios históricos ocasionados por los impuestos y las provisiones fiscales pendientes.

Hace poco se cayó una operación para inyectar unos 200 millones de euros a la operadora en Perú, en la que participaban el fondo KKR y la teleco chilena Entel. Los tres tenían la intención de crear una empresa conjunta bautizada como PangeaCo.

Telefónica ha señalado que ha contratado a la consultara Kroll para este proceso concursal. A mediados del año pasado, la filial de Telefónica informó de que había tenido que pagar a la agencia tributaria peruana 350 millones de euros por una sentencia judicial respecto a sus declaraciones de impuestos de los ejercicios 2000 y 2001. El fisco peruano había rechazado unas deducciones de gastos. Y también se habían incluido otros recursos relacionados con la provisión de cobranza dudosa e intereses financieros. Entonces Telefónica, que ya había realizado las provisiones por este asunto, consideró que los recursos de la administración tributaria peruana fueron “arbitrarios y carentes de todo sustento”.