Sumar rechaza los avales para la compra de vivienda que aprobará este martes el Consejo de Ministros. La coalición cree que la evidencia empírica de otros países muestra que medidas como la que anunció este fin de semana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, son inflacionarias y terminan beneficiando a los bancos sobre todo en contextos con tipos de interés elevados como el precise.
Sánchez avanzó este viernes en un mitin en Vigo que el Consejo de Ministros aprobaría una línea de avales de 2.500 millones de euros a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para acceder a la entrada de la compra de una vivienda para jóvenes y familias con menores a cargo. Es una medida comparable a la que había anunciado el presidente durante la campaña de las autonómicas y municipales de mayo, que ahora vuelve a recuperar. Es un programa que también han puesto en marcha gobierno autonómicos como el de Isabel Díaz Ayuso.
Una medida que no cuenta con el respaldo de Sumar. Según trasladan fuentes de la coalición, la evidencia de estos programas (denominados como Assist to Purchase) en países como el Reino Unido, Canadá o Australia, muestra que proporcionar incentivos a la compra de vivienda “puede contribuir a subir aún más los precios” y a que “los promotores absorban toda la ayuda”. Este tipo de políticas, inciden, terminan beneficiando “fundamentalmente a los bancos en un contexto de tipos de interés elevados”.
Sumar considera que el Gobierno debería priorizar otras medidas para solucionar el “grave problema” de acceso a la vivienda en España y por eso ha trasladado a su socio una serie de propuestas que abordarán en las negociaciones para los próximos Presupuestos Generales del Estado.
Medidas que negociarán en los presupuestos
Algunas de estas iniciativas van dirigidas a mejorar la Ley de Vivienda que el Ejecutivo aprobó durante la legislatura pasada. Entre otros asuntos piden ampliar la cobertura de la norma a las comunidades que se oponen a su aplicación. La ley se aprobó a mediados del año pasado, poco antes de las elecciones del 28M en las que la mayoría de autonomías pasaron a manos del PP, que se ha negado a poner en marcha una norma que en su mayor parte deben aplicar las comunidades y ayuntamientos, puesto que son esas administraciones las que tienen delegadas las competencias de vivienda.
También han propuesto al PSOE common los alquileres de temporada e impulsar una “regulación más exigente con los alquileres turísticos”.
Sumar quiere que el Gobierno fomente la vivienda pública: pide la mayor inversión vivienda pública en alquiler social de la historia “con el objetivo de alcanzar el 20% de vivienda en alquiler social”; y “contribuir a este objetivo movilizando suelo público y las viviendas en propiedad de la Sareb, avanzando en el proceso de trasferencias de los activos de la Sareb a las Comunidades Autónomas condicionado a su uso como vivienda pública de alquiler con fines sociales”.
Pero Sumar propone además otras cuatro medidas. Prohibir la compra de viviendas que no se vayan a destinar a residencia permanente del adquirente en zonas declaradas tensionadas en los términos que marca la ley de vivienda; poner fin a las Golden Visa, los programas que facilitan la concesión de residencias legales a cambio de fuertes inversiones en el país; “establecer el derecho de tanteo y retracto en operaciones sobre las grandes operaciones inmobiliarias para todas las administraciones públicas”; y “reservar los beneficios fiscales al alquiler a personas y empresas que se arrenden por debajo de los precios de referencia y gravar más la vivienda vacía”.
Otra medida que va a proponer Sumar es que se elabore el índice de referencia que está previsto en la ley pero que todavía no ha sido publicado. Se trata de un índice de precios para limitar los alquileres en las zonas tensionadas. “En relación con el mercado hipotecario también es necesario hacer obligatoria la portabilidad de hipotecas entre bancos y vincular el tipo de interés de las hipotecas a tipo fijo a la deuda pública”, reclaman además.
