En Celaya, Guanajuato, la desesperación de un padre de familia puso en evidencia la brecha entre el discurso oficial y la realidad hospitalaria. Uriel Rodríguez, padre de dos niñas derechohabientes del ISSSTE, confrontó directamente al director common del instituto, Martí Batres, tras semanas de negligencia en el módulo de urgencias.
Con un reclamo que rápidamente se hizo viral, Uriel denunció haber gastado más de 100 mil pesos en servicios médicos privados y farmacias similares debido a que en la clínica pública le negaron la atención a su hija, incluso tras esperar horas en la sala de urgencias.
El reclamo no se limitó a la falta de médicos; Uriel también señaló la sistemática negación de medicamentos en la farmacia de la clínica, asegurando que los insumos existen pero no se entregan a los pacientes. Ante la presión mediática y el tono enérgico del padre, quien cuestionó “¿qué necesitamos hacer los derechohabientes para tener servicio?”, las autoridades no tuvieron más remedio que comprometerse a una atención inmediata.
A través de una tarjeta informativa posterior, el ISSSTE confirmó que la menor finalmente fue atendida, pero queda en el aire la pregunta del denunciante: ¿qué pasa con quienes no tienen la oportunidad de alzar la voz frente a los altos mandos?
Una nota de Agustín Rodríguez en Hechos Meridiano
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