Y qué coño es esto de la UDEF?”. En 2013 Jordi Pujol, entrevistado en Antena 3, reaccionaba con estupor a la publicación de un informe policial que apuntaba una supuesta corrupción de su familia. La UDEF, Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la policía, se acabó haciendo famosa con la trama Gürtel del PP. Ahora está más de moda la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, encargada del caso Koldo o el de Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno. Departamentos policiales que adquieren la consideración mediática de jueces y magistrados que devienen estrellas cuando la política se traslada a los tribunales, como en esta “semana fantástica”, como la bautizó Alberto Núñez Feijóo recordando el anuncio de los grandes almacenes.
Sí, ha sido una semana intensa en el frente judicial. Quizá no tan dramática como esperaba el PP. Empezó con las declaraciones de Víctor Aldama y de Koldo García, que han aclarado poco de momento sobre la relación del PSOE en esta presunta trama de corrupción. Siguió con la petición del suplicatorio para investigar a José Luis Ábalos, que a su vez denunciará a la UCO. Luego llegó la tercera comparecencia ante el juez de la esposa de Pedro Sánchez y la de su asistente en la Moncloa. A todo ello se refería Feijóo, pero también han ocurrido otras cosas en el ámbito judicial: la Audiencia de Barcelona le ha propinado un sonoro revés al juez Joaquín Aguirre por “fraude de ley” y por recurrir a soluciones “imaginativas” para prolongar la llamada trama rusa del procés e impedir que fuera amnistiado Carles Puigdemont. Ha declarado en el Congreso Sandro Rosell, a quien la jueza Carmen Lamela mantuvo dos años en la cárcel hasta que se proclamó su inocencia (y ella fue promocionada en el Supremo).
El ministro Óscar López acusa a un juez de prevaricar, algo que el Gobierno criticaba cuando lo hacía Junts
Tanta intensidad culminó el viernes con una acusación de Óscar López, ministro y rival de Isabel Díaz Ayuso en Madrid, contra el juez Juan Carlos Peinado, que lleva el caso de la mujer del presidente, al cual tildó de “prevaricador” por haber “mentido en sede judicial” para imputar a un testigo. Por ahora, nadie del Gobierno le ha desautorizado. Nada que ver con lo que ocurrió en enero, cuando Miriam Nogueras, diputada de Junts, acusó a los jueces del Supremo de ser unos “prevaricadores” por impedir la aplicación de la ley de amnistía. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, pidió entonces que no ofendiera a los togados en el Congreso. Óscar López argumenta que está en su derecho de criticar la actuación de un juez y subraya que él no hace generalizaciones. Lo cierto es que el propio Pedro Sánchez, en conversación casual con los periodistas, estableció hace unos días una connivencia de intereses entre el PP y algunos jueces. La declaración de Óscar López no es un calentón. Forma parte de un cambio de estrategia del Gobierno, con un reparto de papeles en el que López ejerce de proa para apelar a la resistencia del electorado progresista ante la persecución por parte de una derecha judicial.
En el PSOE están convencidos de que esa thought cala entre sus votantes y contrarresta la “campaña” del PP basada en “bulos”. También el votante independentista cree que sus líderes han sido objeto de una “persecución judicial”. Son percepciones que, estén o no en lo cierto, enraízan en decisiones judiciales cuestionables, como las de Aguirre o Lamela, que no suelen encontrar reproches internos. Los jueces se escudan en que el sistema cuenta con instancias superiores para corregir los fallos, y es cierto, pero por el camino se puede pagar un precio muy caro, en especial en casos tan politizados y mediáticos, sin que el Consejo del Poder Judicial, por ejemplo, diga ni pío. La actividad disciplinaria del órgano de gobierno de los jueces brilla por su ausencia. A algunos miembros del Consejo les preocupa más lo que diga un político que las barbaridades que determinados togados expresan en actos públicos, como el juez Eloy Velasco. Las voces internas del CGPJ que han pedido censurar esas conductas han sido ninguneadas.
El juez Joaquín Aguirre en una imagen de 2018
Esta semana también ha ocurrido algo importante. El Consejo del Poder Judicial ha avalado la reforma de la ley de enjuiciamiento legal, que podrá así ser aprobada después de 15 años de espera, lo que supondrá un cambio radical que restará poder a los jueces para repartirlo con los fiscales, como ocurre en casi toda Europa. El Gobierno espera que la reforma modifique la correlación de poderes precise. Hoy, ante casos tan politizados y mediáticos, emergen superjueces que instruyen la causa y sus decisiones, aunque sean provisionales (el juicio corre a cargo de otro juez) son consideradas ya casi como sentencias. Esta reforma traspasa la instrucción al fiscal bajo la mirada de un juez de garantías y pone límite a la proliferación de acusaciones populares por parte de partidos y sindicatos. Existe cierto consenso en que son cambios convenientes, pero no suficientes y llegan en el peor momento. Se trata de traspasar la instrucción a los fiscales cuando el Fiscal Common del Estado está imputado por presunta revelación de secretos sobre el novio de Ayuso.
Más allá de las acusaciones de sectarismo, dos males aquejan a la cúpula judicial y ensombrecen el buen trabajo de muchos otros: el corporativismo, que encubre actuaciones incorrectas, y el ombliguismo concentrado en Madrid, donde todos se conocen y donde anidan relaciones de filias y fobias. Entre jueces y entre fiscales de la capital se dirimen demasiadas venganzas y se prestan excesivos favores que están minando la confianza en una institución esencial para la democracia. No siempre toda la responsabilidad de lo que no funciona es atribuible a los políticos.
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