Feliciano T., padre de un niño de 13 años con autismo en el instituto madrileño San Isidoro de Sevilla, denuncia que su hijo que cursa primero de la ESO fue expulsado del centro educativo el pasado 17 de febrero, “tras sufrir un episodio de desregularización emocional”. Al parecer, explica Feliciano, “el chico, (cuyo nombre, la familia prefiere que se mantenga en el anonimato, al ser menor de edad) quería escuchar un sonido específico del móvil y al no dejarle sufrió una disaster”.
En este sentido, el centro educativo, continúa el padre, “llamó a la madre, que se presentó de forma inmediata, y se encontró con un profesor del aula TEA sentado encima del joven para inmovilizarle y reducirlo físicamente”.
Ante esa compleja situación, el profesor implicado -prosigue el progenitor- puso la correspondiente denuncia, puesto que la dirección del Instituto San Isidoro de Sevilla, ubicado en el centro de la capital, había llamado a la Policía y al Samur para resolver el conflicto. En su opinión, “no es la primera vez que el centro recurre a la policía en lugar de aplicar protocolos de intervención adecuados”.
La familia del joven destaca que “cuando llegaron los agentes, el menor estaba calmado, puesto que esos episodios suelen durar solo unos segundos”.
Pensamientos de muerte
El resultado es, según el padre, que “el niño fue expulsado del centro y desde entonces está en casa, sin recibir educación”. A lo que añade: “Nos conectamos al aula digital para hacer los deberes y los mandamos por correo al instituto, pero esta situación ha provocado problemas en el niño”. Y continúa, “hasta tal punto, que el chico se culpabiliza y tuvimos que acudir a urgencias de un hospital puesto que tiene pensamientos de muerte…”
A juicio de Feliciano, “ la Comunidad de Madrid no nos ha ofrecido ninguna alternativa escolar” definitiva hasta el momento.
Después de casi un mes, el inspector de la zona centro, del distrito 9, se reunió ayer martes con los progenitores para ofrecerles alguna solución. “Tenemos pocas esperanzas porque ya me avanzó el pasado lunes por teléfono que ninguna solución period buena”, comenta el padre a La Vanguardia antes del encuentro.
La primera opción que desde inspección ofrecieron al chico period que prosiguiese sus estudios en un colegio de educación especial. Se trataba de un centro concertado del barrio de La Elipa, pero “esa opción la hemos rechazado porque el nivel intelectual es muy bajo. La orientadora nos dijo que en ese centro educativo un niño de primero de secundaria tiene un nivel de segundo de primaria y nuestro hijo tiene un nivel acorde con su edad”, puntualiza Feliciano.
Ayer, el inspector propuso a la familia en el citado encuentro que el menor acuda a un centro ordinario público, en Moratalaz, pero que se encuentra a forty five minutos en transporte público de su domicilio recurring. “Ese centro tiene un acuerdo con el servicio de salud psychological del Hospital Gregorio Marañón. Vamos a visitarlo, pero para un niño TEA tardar tanto tiempo en llegar a su centro educativo no es positivo”, critica Feliciano, puesto que el menor vive en el barrio de Malasaña con su madre, al estar los progenitores separados.
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La familia ha presentado una lista de 22 institutos ubicados en el centro de la capital, especializados en TEA, pero inspección les ha respondido “que no puede acceder a ninguno de ellos”. Se supone que por falta de plazas, puesto que en las aulas TEA de los colegios ordinarios no puede haber más de 5 alumnos en cada sesión. De igual forma, la consejería de Educación a través de inspección ha rechazado que se le implante “el servicio de atención educativa domiciliaria”, opción que también habían propuesto los familiares.
Ante las quejas de esta familia, La Vanguardia ha solicitado aclaraciones a la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades que dirige Emilio Viciana, y la única respuesta ha sido: “La inspección educativa está haciendo seguimiento del caso en contacto con la familia”. Este periódico, además, ha tratado de ponerse en contacto telefónico, en numerosas ocasiones, con el equipo directivo del Instituto San Isidoro de Sevilla, pero ha sido totalmente imposible.
El 85% de las familias sienten abandono
Según la asociación Autismo en España, “el 85% de las familias de niños con TEA sienten que las administraciones públicas les han abandonado”. De ahí, que el padre haga hincapié en que “la educación es un derecho y la Comunidad de Madrid debe garantizar que todos los niños, incluidos aquellos con autismo, puedan ejercerlo en igualdad de condiciones”.