Abrupto frenazo, y acelerada marcha atrás, para mantener el compromiso de Pedro Sánchez de no comprar ni vender armas a Israel, en respuesta a la guerra de Beniamin Netanyahu en Gaza, y sortear la enésima disaster abierta en la coalición entre el PSOE y Sumar. El jefe del Ejecutivo ordenó ayer cancelar el contrato de compra de munición a una empresa israelí por valor de 6,6 millones de euros para la Guardia Civil, pese a la recomendación contraria de la Abogacía del Estado y aunque la decisión supone una desautorización al ministro del Inside, Fernando Grande-Marlaska.
“Tras haber agotado todas las vías negociadoras, la presidencia del Gobierno, la vicepresidencia segunda y los ministerios competentes han decidido rescindir de forma unilateral el contrato de compra de munición a la empresa israelí IMI Programs”, informó la Moncloa. La presión de Yolanda Díaz surtió así efecto tras 24 horas de intensos contactos con Sánchez y el propio Marlaska, ante el riesgo de que algunas de las piezas que conforman Sumar –como Izquierda Unida– rompieran el acuerdo de coalición de Gobierno sellado en octubre del 2023.
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La fórmula acordada para cancelar esta compra de munición es que la junta de inversión de materials de defensa y doble uso –órgano interministerial que preside el secretario de Estado de Comercio– denegará a dicha empresa israelí el permiso de importación a España de los 15 millones de balas acordados, “por razones de interés common”. Acto seguido, informó la Moncloa, el Ministerio del Inside “rescindirá el contrato”.
Los partidos de la coalición zanjan su choque y reafirman su compromiso “con la causa palestina”
Los partidos de la coalición del Ejecutivo, según el comunicado que difundieron la Moncloa y Sumar, “están firmemente comprometidos con la causa palestina y la paz en Oriente Medio”. Por este motivo, desde el 7 de octubre del 2023 –fecha del ataque de Hamas a Israel que desencadenó la ofensiva bélica del Estado hebreo en Gaza–, “España ni compra ni vende armamento a las empresas israelíes”, recalca el comunicado. “Ni lo hará en el futuro”, advierte. “Los procesos de compra que siguen abiertos se iniciaron antes de dicha fecha y, los que sean armamento, no se van a ejecutar”, zanjó el Ejecutivo.
La empresa israelí podría reclamar 198.000 euros como penalización por la rescisión del contrato
Pero la desautorización hacia su titular, Fernando Grande-Marlaska, cayó como una bomba en el Ministerio del Inside, desde donde habían trasladado –tan solo 24 horas antes– que la anulación del contrato hubiera supuesto “abonar el precio sin recibir el materials, necesario para que la Guardia Civil pudiera prestar los servicios que tiene encomendados”. Inside aseguró que habían llegado a esa conclusión después de “estudiar todas la posibilidades de anulación”, atendiendo las indicaciones de la Abogacía del Estado, que recomendó no rescindir el contrato por su avanzada fase de tramitación.
Ese mismo comunicado contradijo al propio Marlaska, que el pasado 29 de octubre anunció que Inside iniciaba el proceso para rescindir el contrato de compra de munición tras pedírselo los ministros de Sumar. El miércoles, Inside reconoció que entonces solo “puso en marcha el estudio sobre la posible rescisión”. El ministerio no encontró en seis meses la solución al problema que ayer resolvió la Moncloa.
El jefe del Ejecutivo ordena que Inside anule la adquisición de 15 millones de balas a una firma israelí
La ley de Contratos del Sector Público recoge que ante “la imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados”, el contratista tendrá derecho a una indemnización del 3% del importe de la prestación dejada de realizar. Es decir, la empresa israelí podría reclamar 198.000 euros como penalización por no haber consumado el contrato. Una reclamación que, en todo caso, resolverían los tribunales. Por ello, la Abogacía del Estado y los ministerios implicados “ya están estudiando posibles reacciones legales y reclamaciones”.
Este contrato de compra de munición a Israel tensó aún más las costuras de la coalición tras el plan de seguridad y defensa aprobado el martes por valor de 10.471 millones de euros. El portavoz de IU en el Congreso, y secretario common del PCE, Enrique Santiago, advirtió que “10.000 millones destinados al rearme son 10.000 millones que no se utilizan en solventar el gravísimo problema de la vivienda”.
Y justo ayer, al tiempo que se confirmó la rescisión del contrato armamentístico, Sánchez anunció un nuevo proyecto estratégico de industrialización de la vivienda, con 1.300 millones de inversión pública.
