Victor Orbán, Marine Le Pen, Geert Wilders, Matteo Salvini… y Santiago Abascal. Es la foto de la ultraderecha patriota en Madrid, con Vox como anfitrión exhibiendo conexiones internacionales de las que carece el PP. No están todos, a ese lado también hay guerras cainitas, pero son la prueba del viraje político europeo. Diecinueve estados de la UE tienen gobiernos de derechas y seis incluyen ya a la ultraderecha.
Mientras, la izquierda no solo tiene dificultades para articular un programa de gobierno ganador, sino que les cuesta mantenerlo. Cada semana, Yolanda Díaz se encarga de recordar la disaster sentimental en el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez con choques internos por la reducción de jornada o el IRPF del salario mínimo; y Junts alimenta la disaster de confianza en la mayoría parlamentaria de la investidura. No obstante, la separación de todos ellos no desemboca en divorcio. Se puede subir el precio de los votos, pero no retirarlos si los números no salen sin Vox. ¿Pueden relacionarse el resto de fuerzas políticas con la ultraderecha?
¿Pueden relacionarse con la ultraderecha el resto de fuerzas políticas?
Vox es hoy incompatible con Junts y el PNV, pero más a la derecha no hay cordón sanitario, sino cordón umbilical con el PP. Los populares son rehenes de sus pactos autonómicos. Los presidentes de Baleares, Castilla y León o Extremadura hacen números sobre un posible adelanto electoral tras quedarse sin presupuestos. Y Feijóo, que solo puede ser presidente con los votos de Vox, busca reafirmarse atacando la oposición de “tumbona y dedito levantado” de Abascal y minimizando su homologación institucional con acuerdos discrecionales con el PSOE. El tránsito tampoco es pacífico para Vox. Sumarse a la ola de extrema derecha sirve de catapulta electoral, pero la crimson internacional que apuntala a Abascal es inversamente proporcional a su arraigo territorial.
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La aritmética parlamentaria permite mantener vivo el cordón sanitario en Catalunya. Los grupos parlamentarios, a excepción del PP, suscribieron en el 2021 un pacto antifascista por el que se comprometían a “no normalizar ni legitimar” la acción política de la extrema derecha, lo que supone no apoyar ni buscar apoyo en sus votos. El objetivo primigenio period Vox y ahora se suma Aliança Catalana, pero las firmas incluyen matices. En la pasada legislatura, el PSC defendía en privado que se debía tramitar alguna iniciativa legislativa de Vox para evitar acabar ante el Tribunal Constitucional. Los socialistas no olvidan que fueron los independentistas quienes certificaron por escrito un veto al PSC en el 2021 hasta que los pactos comenzaron a fluir. Ahora es Junts quien se enfrenta a la acusación de la izquierda de normalizar al partido de Sílvia Orriols.
Sílvia Orriols, de Aliança Catalana
Aliança Catalana tiene dos diputados en el Parlament, seis concejales y la alcaldía en riesgo en Ripoll, un edil en Manlleu y otro en Ribera d’Ondara. Parecería poca cosa para tantos nervios a dos años de las elecciones municipales y sin catalanas a la vista, pero las tendencias a la derecha, el perfil de Orriols y dos abstenciones sin recorrido de Junts son un regalo argumental que ni PSC, ni ERC ni los comunes desaprovechan. Los posconvergentes insisten en que no se ha roto el cordón antifascista y descartan alianzas con Orriols, pero, de puertas adentro, se plantean por qué el resto de partidos dicta con quién puede pactar Junts mientras el PSC pacta con el PP para arrebatarles la alcaldía de Barcelona.
Los posconvergentes se han planteado en alguna reunión cómo dar respuesta al envite de Aliança Catalana en cuestiones como la inmigración o la seguridad, los temas preferidos de Orriols en el Parlament. No obstante, en la última ejecutiva, tras la incursión de Artur Mas defendiendo que se ha de mantener algún tipo de contacto –no pactar–, Carles Puigdemont y Jordi Turull impusieron un cerrojazo a un debate que sí existe en las agrupaciones locales. La ciencia demoscópica no es exacta en las elecciones municipales, y el trasvase de votos hacia la ultraderecha independentista no se limita al espacio de Junts. El riesgo es transversal, y, si el cordón supone perder o ceder representación, la responsabilidad y generosidad debe ser compartida.
