La proposición no de ley (PNL) del PP, aprobada el 12 de febrero en el Congreso, que rechaza el cierre gradual (entre 2027 y 2035) de las centrales nucleares ha permitido un interesante contraste de las opiniones de todos los grupos parlamentarios en esta materia. Conviene recordar que dicho cierre fue acordado en 2019 entre las empresas titulares y la Empresa Nacional de Residuos (Enresa); es decir, no fue “impuesto” por el Gobierno, ya que se trata de una actividad liberalizada.
Una primera consideración sería la ausencia de la menor referencia a la gestión de los residuos de alta radiactividad, tanto en el texto de la PNL como en las intervenciones del PP y de Vox. Y eso que cada día adicional de operación de una central nuclear, aumenta el volumen de los residuos generados, que deberán almacenarse durante miles de años en condiciones de estricta seguridad. Ninguna otra energía comporta un impacto tan notable y tan a largo plazo.
Esta es una de las verdades incómodas para quienes defienden la energía nuclear, cuya importancia intentan eludir confiando en una hipotética innovación tecnológica capaz de minimizar el coste económico y el riesgo potencial para las futuras generaciones, es decir, para millones de personas que no habrán participado en absoluto en las decisiones sobre esta modalidad de generación eléctrica. Ni siquiera resulta fácil identificar la ubicación adecuada para el almacenamiento geológico profundo, considerada como la mejor opción.
El uso de la energía nuclear nos enfrenta así, insoslayablemente, a un dilema ético: cuánto tiempo creemos que deben seguir funcionando los reactores, haciendo crecer su peligroso y costoso legado, y cuánto tiempo más debemos seguir afrontando los riesgos de un accidente nuclear. Aunque de bajísima probabilidad, su posible naturaleza catastrófica tendría como resultado valores poco asumibles, más si prolongamos los riesgos en el tiempo.
Además, tal y como queda implícito en la PNL, se exige al Gobierno “facilitar la viabilidad económica de las plantas”: en román paladino, trasladar al Presupuesto del Estado, y, por tanto, al conjunto de los contribuyentes parte de sus costes (los de la gestión de los residuos y los de las inversiones de prolongación de la vida útil de las centrales) para que les salgan los números. Ello no supondría ningún beneficio para los consumidores, ya que el coste del kWh nuclear ha dejado de ser competitivo con el de la energía eólica o la fotovoltaica.
De hecho, en los países con mayor peso de la energía nuclear su producción está nacionalizada (Francia, China, Rusia) y/o su rentabilidad está garantizada por el mecanismo de fijación de precios en el mercado eléctrico (como ha sido el caso de España, donde las empresas han obtenido cuantiosos “beneficios caídos del cielo”, o el caso del Reino Unido u otros países).
Los grupos parlamentarios que no apoyaron la PNL (Junts y ERC se abstuvieron), insistieron en la necesidad de garantizar una transición justa en las comarcas donde se ubican las centrales que mantenga el empleo y la seguridad del suministro de electricidad. Así está previsto en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, validado por la Comisión Europea.
España cuenta ya con la experiencia de un proceso de transición justa en el caso del abandono de la minería del carbón y de las centrales térmicas: el Gobierno ha promovido inversiones y nuevos empleos en las comarcas afectadas, en estrecha coordinación con las administraciones autonómicas y locales, las empresas y los trabajadores. Y de cara al cierre de la central nuclear de Almaraz, programado para 2027, es inminente el inicio de la construcción de una fábrica de baterías que creará más empleo que el que genera hoy dicha central, al margen del empleo necesario durante el largo periodo de desmantelamiento de la planta.
La abstención de ERC y de Junts se debe al mayor peso de la energía nuclear en la generación eléctrica en Cataluña (60%) con respecto a la media nacional (20%), así como al escaso desarrollo de las energías renovables en esa comunidad autónoma. Cabe recordar que las fechas de cierre previstas para Ascó I (2030), Ascó II (2032) y Vandellòs II (2035) permiten un margen razonable para abordar las preocupaciones manifestadas por ambos grupos.
España puede disfrutar de precios de la electricidad más bajos que los países de nuestro entorno debido a la disminución de los costes de las energías renovables (que aportan ya más del 50% de la electricidad), lo que explica en gran medida el significativo aumento de la inversión extranjera en nuestro país. Puede plantearse, con rigor, la viabilidad de un abandono gradual de la energía nuclear. De momento, ninguna empresa ha solicitado formalmente un cambio del calendario: solo hay declaraciones en las que, a cambio de una eventual prolongación, piden compensaciones económicas.
