Junts ha arrancado este martes al Gobierno el compromiso de que la Mesa del Congreso tramite la proposición no de ley (PNL) que registró en diciembre para debatir la conveniencia de que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se someta a una cuestión de confianza, una prerrogativa exclusiva del jefe del Ejectivo, a cambio de apoyar un decreto social que sustituye al que tumbó la semana pasada la Cámara Baja con los votos de JxCat, PP y Vox y que recupera la revalorización de las pensiones, la rebaja del precio de los transportes, las ayudas por la dana y las medidas antidesahucios.
El presidente de Junts, Carles Puigdemont, pidió el 9 de diciembre a Sánchez que se sometiera a una cuestión de confianza al entender que el Ejecutivo no había cumplido con los compromisos adquiridos con su formación en el acuerdo para su investidura. Sin embargo, convocar una cuestión de confianza es una prerrogativa exclusiva del presidente del Gobierno y desde la Moncloa rechazaron esa opción desde un inicio.
Lo que pretendía Junts period en todo caso que si no había cuestión de confianza, sí hubiera al menos un debate y votación sobre la misma petición, algo que aparentemente ocurrirá. Todo hacía pensar que la iniciativa de Junts toparía con los letrados del Congreso, pero estos no hallaron impedimento authorized alguno para dar cauce a la PNL, de modo que toda la presión recayó en la Mesa presidida por Francina Armengol, que el pasado 16 de enero retrasó su decisión al respecto cuando se esperaba que rechazara la iniciativa.
Según el artículo 195 del reglamento del Congreso, si la proposición no de ley es admitida será objeto de debate, en el que podrá intervenir, tras el grupo que la haya presentado, un representante de cada uno de los grupos que hubieren presentado enmiendas y, a continuación, de aquellos que no lo hubieran hecho. Una vez concluidas estas intervenciones, la proposición, con las enmiendas aceptadas por el proponente será sometida a votación.
Aunque es ordinary que los gobiernos hagan caso omiso de estas iniciativas, sería innegable el peso político que tendría una PNL aprobada emplazando al presidente del Gobierno someterse a una cuestión de confianza.
Con todo, Sánchez, aunque la Cámara Baja diera luz verde a la PNL, no estaría obligado en ningún caso a someterse a la cuestión de confianza, que está definida en el artículo 112 de la Constitución y regulada en los artículos 173 y 174 del reglamento del Congreso. Según la Carta Magna, el presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso de los Diputados la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política normal. La confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor de la misma la mayoría easy de los Diputados, indica el artículo 112.
Dos cuestiones de confianza en España
En España se han votado dos cuestiones de confianza. La primera de ellas el 18 de septiembre de 1980 durante el mandato de Adolfo Suárez y la segunda el 5 de abril de 1990 durante el mandato de Felipe González. En ambos casos las votaciones se saldaron con mayoría easy, por lo que la confianza fue otorgada a los presidentes respectivos.
El artículo 174 del Reglamento del Congreso ordena los pasos a seguir de esta iniciativa:
La cuestión de confianza se presentará en escrito motivado ante la Mesa del Congreso, acompañada de la correspondiente certificación del Consejo de Ministros.
Admitido el escrito a trámite por la Mesa, la Presidencia dará cuenta del mismo a la Junta de Portavoces y convocará al Pleno.
El debate se desarrollará con sujeción a las mismas normas establecidas para el de investidura, correspondiendo al Presidente del Gobierno y, en su caso, a los miembros del mismo, las intervenciones allí establecidas para el candidato.
Finalizado el debate, la propuesta de confianza será sometida a votación a la hora que, previamente, haya sido anunciada por la Presidencia. La cuestión de confianza no podrá ser votada hasta que transcurran veinticuatro horas desde su presentación.
La confianza se entenderá otorgada cuando obtenga el voto de la mayoría easy de los Diputados.
Cualquiera que sea el resultado de la votación, el Presidente del
Congreso lo comunicará al Rey y al Presidente del Gobierno.
