Proteger a los menores en la jungla digital | Opinión

La tecnología se desarrolla a un ritmo tan vertiginoso que con frecuencia sus efectos desbordan a los usuarios. Por no hablar del marco regulatorio llamado a proteger sus derechos, algo basic en el caso de los más vulnerables. Ese es el contexto en el que el Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley orgánica para la protección de los menores en el entorno digital, que contiene importantes medidas dirigidas a los diferentes actores implicados en ese consumo, desde los fabricantes de dispositivos tecnológicos, que tendrán que incluir por defecto herramientas de management parental, a los influencers, que deberán habilitar canales de denuncia para que se puedan reportar aquellos contenidos que resulten inapropiados para los menores de 18 años. También las escuelas estarán obligadas an everyday el uso de todos los dispositivos en el aula: no solo los móviles como ya sucede en la casi totalidad de las autonomías, sino también las tabletas y los ordenadores.

Una de las medidas de mayor calado es la tipificación en el Código Penal de nuevos delitos relacionados con prácticas que se realizan fundamentalmente con inteligencia artificial y que atentan contra el derecho a la intimidad, al honor y a la propia imagen. De aprobarse la ley, será delito difundir o exhibir las conocidas como deepfakes o “ultrafalsificaciones”, imágenes o voces manipuladas y extremadamente realistas empleadas para simular situaciones de naturaleza sexual o vejatorias. Fue el caso de los menores de Almendralejo (Badajoz) —que manipularon fotos reales de algunas de sus compañeras de la ESO para pegarlas a cuerpos desnudos— el que destapó en 2023 un fenómeno en pleno ascenso: el de una generación de adolescentes desprotegidos ante unas herramientas más invasivas y adictivas que nunca. Sobre todo cuando, más allá de su voluntad, quedan expuestos al bombardeo de los algoritmos.

También se regulará por primera vez el grooming, la creación de una identidad falsa con el propósito de engañar a un menor para la comisión de un delito sexual, y se prevé la pena de alejamiento digital para los agresores condenados, lo que puede suponer un antes y después para aquellos menores a los que se ataca por estos medios.

Pese al esfuerzo por establecer mecanismos que protejan a los más vulnerables en web —los menores reciben, de media, su primer móvil a los 11 años, y el 99% usa redes sociales—, resulta preocupante la dificultad del Ejecutivo para poner en marcha una de sus medidas estrella en ese ámbito: la subida de 14 a 16 años de la edad mínima para abrirse una cuenta en redes sociales, ya que todavía no existe una herramienta fiable de verificación de la edad. El nuevo texto authorized, avalado por la Comisión Europea, sitúa a España en una posición pionera en la UE. Y, aunque la norma se adelante en algunos aspectos al pleno desarrollo tecnológico capaz de poner coto a algunas de las prácticas que trata de common, dicha regulación es inaplazable.