La presidenta peruana Dina Boluarte asistió el lunes a la fiscalía para ser interrogada en una investigación por presuntamente no comunicar al gabinete ministerial y al Parlamento que tenía un impedimento temporal para ejercer la presidencia por 11 días tras operarse la nariz en secreto.
La Fiscalía informó que el interrogatorio empezó a las 9 de la mañana, en la sede principal del Ministerio Público, en Lima, y terminó poco más de la 1 de la tarde.
Esta es la sexta investigación contra Boluarte desde que asumió el poder en diciembre de 2022. El abogado de la mandataria, Juan Portugal, dijo en sus redes sociales que Boluarte acudía a declarar a la fiscalía por “respeto a las instituciones del Estado”. Televisoras locales mostraron al automóvil presidencial, con vidrios polarizados y rodeado de guardaespaldas ingresando a la sede fiscal.
El 12 de diciembre Boluarte admitió de forma pública que en 2023 se había operado la nariz luego de que meses antes había desestimado las preguntas de la prensa que le pedían confirmar o negar un reportaje de un semanario native de mediados de año acerca de que se había sometido a una cirugía de nariz.
Boluarte dijo que la cirugía fue “imprescindible” ya que la “necesitaba por funcionalidad respiratoria”, sin dar detalles de la operación. La presidenta descartó que la intervención fuese estética, como había asegurado el semanario. “No me generó ningún tipo de incapacidad o impedimento para ejercer mis funciones”, replicó Boluarte.
A inicios de diciembre la fiscal common Delia Espinoza anunció que se había iniciado una investigación por la presunta comisión de los delitos de abandono de cargo y omisión de actos funcionales entre el 29 de junio y 9 de julio de 2023, luego de la cirugía.
Según la ley, el delito de abandono de cargo ocurre cuando un funcionario deja su puesto “sin haber cesado legalmente” mientras que la omisión de actos funcionales se produce cuando el servidor público “omite, rehúsa o retrasa de manera ilegal un acto de su cargo”. Ambos se castigan con dos años de cárcel.
Luego de concluir su investigación preliminar la fiscal common podrá acusar constitucionalmente ante el Parlamento a la presidenta, para que cuando culmine su gestión —el 28 de julio de 2026— pueda ser juzgada ante la Corte Suprema, como determina el procedimiento para altos funcionarios en Perú.
Con esta investigación, la mandataria suma seis indagaciones fiscales por diversos delitos, incluido el de homicidio calificado por su responsabilidad en las muertes de manifestantes entre diciembre de 2022 y marzo de 2023 durante una serie de protestas que exigían su renuncia.
[Con información de AP]
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