La Audiencia Nacional se dispone a celebrar un juicio cuya investigación comenzó en 1999. Más de 25 años después, un tribunal de la Sala de lo Penal va a enjuiciar a una decena de acusados por un fraude relacionado con el turismo en Canarias, pero con tintes mafiosos; y los magistrados se han encontrado con lo inevitable tras décadas en las que el procedimiento ha acumulado papel y polvo: varios policías que tenían que testificar han fallecido, algunos audios que debían escucharse en sala se han perdido en una inundación y testigos que no aparecen. El caso en el que se juzgará a un empresario que fue señalado como testaferro de un felony británico —conocido por fraguar “el robo del siglo” XX en Reino Unido— es el vivo ejemplo del colapso que sufren algunos tribunales españoles y que provoca que la justicia deje de cumplir su función.
Mohamed Jamil Derbah, nacido en el Líbano, pero afincado en Tenerife, se sienta en el banquillo a partir de este jueves como principal acusado. Según la Fiscalía, él ostentaba “la dirección de la organización” dedicada a captar turistas en las calles canarias y venderles paquetes de vacaciones imposibles, a vender a ciudadanos extranjeros propiedades inexistentes y a coaccionar a comercios instalados cerca de las playas que debían pagarles una suerte de cánon para garantizar la seguridad en la zona. El nombre de este libanés estuvo muy relacionado a finales de los 90s con el de John Palmer, un delincuente inglés que logró el célebre robo de lingotes de oro en Heathrow en 1983. Palmer fue asesinado en 2015 y, según recuerdan fuentes de la investigación, Mohamed Jamil Derbah fue señalado como su “hombre de confianza” y la persona que había atesorado un imperio inmobiliario en Canarias escondiendo el dinero de aquel robo.
Al libanés lo detuvieron en noviembre de 2001 en una operación en la que colaboró la policía inglesa con la española, relacionado con la creación del fraude que contaba con colaboradores por todo el mundo y con la capacidad financiera de remitir las ganancias del “turismo” en paraísos fiscales. La causa que nació en la Audiencia Nacional indagó en falsificación de tarjetas de crédito y blanqueo de capitales e involucró a un director de una sucursal bancaria, a distintos informadores y a dos miembros de cuerpos de seguridad.
Da la medida de la antigüedad del caso el hecho de que el magistrado teacher fuera Baltasar Garzón, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional que fue inhabilitado como juez en 2012. Y otro ejemplo: algunas de las cuantías con las que la Fiscalía relata el modus operandi de esta organización están calculadas en pesetas.
Mohamed Jamil Derbah estuvo ocho meses en prisión provisional tras su detención antes de salir en libertad y pasarse 19 años de su vida acudiendo a un juzgado a firmar de forma mensual como medida para asegurar que no se fugaba, según relatan fuentes de su defensa. Hace menos de un año, en mayo de 2025 su nombre saltó de nuevo a los titulares por una operación en la que cayeron también tres policías, entre ellos el inspector jefe Francisco Moar que se había hecho cargo del caso del Tito Berni, un asunto de corrupción en el que resultó implicado un exdiputado del PSOE canario. Derbah es actualmente un “todopoderoso” empresario del sur de Tenerife, según lo definen personas que se han relacionado con él en negocios, y posee un medio de comunicación, un gran complejo hotelero y hasta un partido político (Fuerza Canaria).
Pero, realmente, no se puede esperar mucho del juicio de una investigación anciana en la Audiencia Nacional como es esta. Fuentes jurídicas explican que el libanés, que está acusado junto a dos hermanos más, ha llegado a un pacto con la Fiscalía por el que no entrará en prisión. Las dilaciones indebidas, como es lógico, se aplicarán de forma automática en la pena que, casi, ha cumplido como una penitencia yendo a firmar al juzgado durante un tercio de su vida.
Las sesiones del juicio se prolongarán, si nada cambia, hasta el 13 de febrero, según los documentos a los que ha tenido acceso EL PAÍS, pero tampoco aquí hay muchas expectativas. El tribunal ya ha informado de que va a haber problemas. En primer lugar, porque todas las grabaciones de las intervenciones telefónicas no se van a poder escuchar “como consecuencia de una inundación en las dependencias de la Comisaría Normal de Información” de la Policía que “destruyó e inutilizó” todos los soportes físicos de las audiciones. Tampoco ha sido posible la localización de un testigo protegido que había propuesto el ministerio público, ni de otro testigo que fue excarcelado en agosto de 2007 y ahora el centro penitenciario ha informado que no se le conoce “dirección alguna”. “Igualmente se le comunica el fallecimiento de dos policías nacionales propuestos por la Fiscalía”, refleja el tribunal.
Uno de los motivos del retraso, explican las fuentes consultadas, se debe a que el fiscal del caso quiso transformar el procedimiento en un sumario al añadirle delitos más graves como el de falsificación de moneda. Un paso jurídico muy técnico, pero que implica volver a llamar a declarar a todos los acusados. Otras voces reconocen que ha sido dejadez y que la investigación se ha llevado a trompicones sin que, finalmente, se haya indagado más en ese delito. Algunas de las defensas van a plantear la nulidad, de hecho, de todo el procedimiento. Y con estos mimbres, la Audiencia Nacional iniciará la última fase de una de sus causas más viejas. Si no, la más.
