Podemos ha denunciado en la tarde de este jueves que una delegación de eurodiputados en la que iba su diputada Isa Serra ha sido retenida en el aeropuerto de Al Aaiún, capital del Sáhara Occidental, por “personas no identificadas”. Fuentes de la formación transmiten que a los retenidos se les ha impedido desarrollar la visita planeada para hacer una misión de observación sobre el cumplimiento de la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que anula los acuerdos de agricultura y pesca entre la Unión Europea y Marruecos.
La propia Serra ha difundido un vídeo en su cuenta de Instagram en la que se les ve en al avión, mientras un hombre bloquea su desembarque. “Estamos retenidos por parte de marroquíes que ni siquiera se han identificado, que no nos han dado ningún papel y que nos están reteniendo de forma absolutamente ilegal aquí en el avión”, cube la eurodiputada en la grabación. De la delegación también forman parte el diputado finlandés Jussi Saramo y la portuguesa Catarina Martins. Tras el desembarque fallido, la delegación ha volado hacia Gran Canaria, desde la que Serra ha denunciado las “prácticas mafiosas de los marroquíes” y ha asegurado que han informado al Ministerio de Asuntos Exteriores del incidente, además de pedir amparo a la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola.
“Desde Podemos exigimos a las autoridades españolas, europeas y marroquíes que se atengan a sus obligaciones y permitan la entrada de estos cargos públicos que están llevando a cabo el ejercicio de sus funciones”, afirma el comunicado del partido. En la misión también estaba contemplada una reunión con representantes de la Misión de las Naciones Unidas encargada del cumplimiento del referéndum de autodeterminación para el Sáhara Occidental (Minurso) y encuentros con asociaciones “que en el propio territorio denuncian el expolio de recursos naturales por parte de empresas europeas y marroquíes del territorio ocupado”.
En un comunicado, el representante del Frente Polisario en España, Abdulah Arabi, ha mostrado en un comunicado la “condena más enérgica” del Polisario a la expulsión y ha denunciado que “Marruecos niega, de manera sistemática, la entrada en el Sáhara Occidental a periodistas, activistas y representantes políticos”, con objeto de “ocultar las vulneraciones de derechos humanos a las que somete a la población civil saharaui”.
En octubre pasado, el TJUE tumbó los acuerdos pesqueros y comerciales del membership comunitario con Marruecos, aunque concedió un periodo de gracia de 12 meses para ejecutar el fallo sobre el segundo pacto. La validez del primero expiró en julio del 2023. El alto tribunal europeo avaló así una sentencia del Tribunal Normal de la UE que en 2021, a demandas del Frente Polisario, anuló esos acuerdos suscritos entre Marruecos y la UE. Entonces se determinó que implicaban comerciar con productos del Sáhara Occidental, lo que suponía desplegar sus efectos sobre un territorio que la comunidad internacional no reconoce como parte de Marruecos. Además, remarcó que para esos acuerdos no se obtuvo el consentimiento del pueblo saharaui, como tercer implicado. Varios Estados miembros habían apelado al TJUE esa sentencia que el alto tribunal ratificó al desestimar sus recursos.
La formación reclama que de acuerdo con el Protocolo de Privilegios e Inmunidades de la Unión Europea y el Estatuto de los Miembros del Parlamento Europeo todas las administraciones tienen la obligación de brindar las garantías para que los eurodiputados puedan ejercer su labor, más aún, en materia de derechos humanos.
Los eurodiputados han dado aviso a la Delegación de la Unión Europea en Marruecos, y las embajadas de Finlandia, Portugal y España en Marruecos, así como al Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia y España.
