El pleno del Ayuntamiento de Palma ha aprobado de forma inicial, con los votos a favor de PP y Vox, la nueva ordenanza de fomento de la convivencia cívica que, entre otros aspectos, contempla la prohibición de vivir en caravanas y autocaravanas bajo amenaza de multas de hasta 1.500 euros. La ordenanza ha sido rechazada por los grupos de la oposición (PSIB-PSOE, Més per Palma y Podemos) que han tachado la medida de “aporofóbica” al considerar que persigue a personas en situación de vulnerabilidad. Alrededor de 30 ciudadanos se han concentrado a las puertas del ayuntamiento para mostrar su rechazo a la nueva normativa y reclamar vivienda digna en la ciudad, donde los asentamientos de autocaravanas han proliferado en los últimos años como respuesta a la escalada de precios de la vivienda.
La nueva ordenanza prohíbe el uso de vehículos utilizados “a modo de vivienda con signos de permanencia” en las calles de la ciudad y prohíbe pernoctar en este tipo de automóviles. Quienes lo incumplan se enfrentan a multas de hasta 1.500 euros, un artículo que a juicio de los detractores de la medida entra en colisión con las regulaciones del Ministerio del Inside y de la Dirección Common de Tráfico. Estas contemplan en dos apartados distintos que el uso que se le da a un vehículo no puede ser motivo de infracción y que las regulaciones sobre las limitaciones de vehículos “deben ser objetivas y no discriminatorias”. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Mallorca también esgrime una sentencia del Tribunal Supremo de 1994 en la que se dictamina que una autocaravana usada como vivienda se considera como tal a todos los efectos y es inviolable. Es decir, que no puede entrarse en la misma ni hacer un registro sin una orden judicial.
“[La norma] no pretende criminalizar a nadie, simplemente protegernos de los criminales”, ha defendido el portavoz municipal de Vox, Fulgencio Coll. “No criminaliza la pobreza. Ustedes, los comunistas y sus aliados, son los que la crean”, ha añadido entre los gritos y abucheos de un grupo de ciudadanos que han asistido al pleno. El portavoz socialista, Francisco Ducrós, ha reprochado a los miembros del equipo de gobierno que tachen de criminales a quienes no tienen una vivienda y se ven condenados a vivir en una caravana. La portavoz de los econacionalistas de Més per Palma, Neus Truyol, ha acusado al PP de “regalar” la ciudad a la inversión internacional. “Ponen la alfombra roja al negocio especulativo y turístico, y en cambio generan un calvario más grande a las familias trabajadoras de Palma”, ha subrayado.
A las puertas del consistorio se han congregado una treintena de ciudadanos y miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Mallorca. Su presidenta, Ángela Pons, ha criticado que el gobierno municipal no está poniendo freno a la “locura” del alquiler en una ciudad en la que los caseros “son selectivos” y ya no arriendan a personas con hijos o mascotas a pesar de tener buenos sueldos y contratos fijos. Uno de los asistentes a la protesta, José, vecino de Palma, considera que los responsables políticos “no dan solución a la gente que duerme en las calles, familias con niños, y esto va a aumentar el despropósito”.
Begoña, otra de las presentes en la concentración, ha explicado que vive en una autocaravana con su hijo porque no tienen otra alternativa a pesar de contar con unos ingresos mensuales de 2.600 euros. En su último intento de vivir en una casa convencional, cuenta, le pidieron un año por adelantado, además de la fianza, por un piso de dos habitaciones en Calvià, un municipio en el suroeste de la isla próximo a la capital.
El presidente de la Plataforma Nacional de Autocaravanas Autónomas de España ha intervenido en el pleno para censurar la normativa. Para Jesús Gallardo la situación tiene que ser regulada dado que el municipio no cuenta con un solo punto que permita su estacionamiento en condiciones como en otras ciudades. También ha acusado al equipo de gobierno de tratarles como “terroristas” cuando que se han visto abocados por el sistema a vivir en estos vehículos. “¿Qué hacemos con las familias, las tiramos al mar?” ha preguntado al alcalde, Jaime Martínez, del PP.
El pasado octubre, la Universidad de las Islas Baleares presentó los resultados del primer estudio realizado en España sobre este fenómeno, que en Palma ha estallado en los últimos tres años impulsado por la subida de los precios del mercado inmobiliario. El estudio realizó encuestas en los seis asentamientos de autocaravanas localizados en la capital balear, que mostraron que el perfil medio de sus habitantes es el de hombres de nacionalidad extranjera, con trabajo en el sector servicios y unos ingresos medios de entre 1.000 y 1.500 euros al mes. La mayoría han dejado de buscar una vivienda porque saben que no pueden pagarla.
Baleares lideró con un aumento del 10,8% la subida del precio de la vivienda nueva y de segunda mano según la última estadística de la tasadora Tinsa, relativa al cuarto trimestre del año pasado con respecto al mismo periodo de 2023. En cuanto a la vivienda en alquiler, el precio medio de 17,45 euros por metro cuadrado la convertía en la tercera comunidad autónoma más cara, según los datos del portal Fotocasa. A lo largo de 2024, los importes medios se elevaron un 3,3%.
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