Ante la disaster mundial de deuda, la elevada inflación -especialmente en los precios de los alimentos-, muchos países se enfrentan a la disyuntiva imposible de alimentar a la población o pagar la deuda, señaló el relator especial sobre el derecho a la alimentación durante un diálogo interactivo que tuvo lugar este martes en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.
Michale Fakhri explicó que el uso de fondos públicos para garantizar que la población tenga acceso a una alimentación adecuada puede hacer que un gobierno se atrase en el pago de su deuda y se agraven con ello los choques financieros. En cambio, si se opta por pagar la deuda, se genera más hambre y malnutrición.
“Esto quiere decir que el precise sistema internacional de financiamiento obstaculiza de manera inequívoca la capacidad de los gobiernos para cumplir sus obligaciones con respecto al derecho a la alimentación”, afirmó el experto en su informe más reciente.
Transformar los sistemas alimentarios
Este panorama destaca la necesidad de transformar los sistemas alimentarios existentes, lo que implica un cambio radical y conlleva un replanteamiento de su finalidad, sus normas y sus estructuras de poder.
Fakhri dijo que se requiere rediseñar los presupuestos públicos de manera que permitan mejoras significativas en dichos sistemas y, al mismo tiempo, sienten las bases para la transformación completa.
Según el relator especial, algunas políticas mundiales basadas en prácticas existentes permitirían tanto la recuperación como la transformación y reconfigurarían el poder en los sistemas alimentarios respetando el derecho a la alimentación.
Las condiciones necesarias para ese cambio, son básicamente cuatro:
- Pasar de la agricultura industrial a la agroecología
- Apoyar los mercados locales en lugar de dar prioridad a los mercados mundiales
- Dejar atrás la dependencia de las corporaciones y ofrecer más apoyo a las entidades de la economía social y solidaria
- Cambiar un multilateralismo basado en la multiplicidad de partes interesadas por otro basado en la solidaridad y la soberanía alimentaria
Disaster cíclicas
El experto recordó que las últimas décadas se han caracterizado en common por ciclos de disaster con repuntes en las tasas de hambre, malnutrición y hambruna. “Estas disaster tienen múltiples causas y orígenes interrelacionados y siguen intensificándose”, apuntó.
Agregó que la ocurrencia de choques financieros de forma repetida no es una anomalía, sino el síntoma de que existen problemas estructurales.
“Con frecuencia sucede que, apenas están empezando a recuperarse de un choque, los países tienen que hacer frente a otros en un contexto de recursos fiscales limitados, concentración de poder en los sistemas alimentarios y desigualdad en las cadenas de suministro”, apuntó.
El relator especial precisó que para pagar sus préstamos, muchos gobiernos han tenido que recortar drásticamente el gasto público, incluso en servicios sociales críticos que son vitales para garantizar el acceso a una alimentación adecuada a los segmentos más pobres y afectados de la sociedad, como las mujeres de edad y las madres solteras.
Como ejemplo citó el caso de Argentina, cuyo proyecto de presupuesto para 2023 preveía un aumento del 15 % en el pago de los intereses de la deuda a expensas, entre otras cosas, de una disminución del 12 % en el gasto destinado a programas sociales, incluidas las prestaciones para alimentos y las asignaciones por hijos.
Fakhri subrayó el aumento de la tasa y el riesgo de inseguridad alimentaria desde que finalizaron los programas temporales de ayuda que se habían puesto en marcha para hacer frente a la pandemia COVID-19, mientras el costo de la vida se ha incrementado rápidamente.
El relator especial también indicó que los sistemas alimentarios industriales producen cerca de un tercio de los gases de efecto invernadero, lo que favorece el cambio climático y scale back la biodiversidad.
Medidas basadas en los derechos humanos
A este respecto sostuvo que las medidas basadas en los derechos humanos pueden minimizar los efectos adversos del cambio climático en la plena garantía del derecho a la alimentación, además de transformar los sistemas alimentarios contribuyendo a mitigar el cambio climático.
Los países suelen hacer frente a la inseguridad alimentaria inducida por las disaster con medidas de emergencia, como la asistencia alimentaria o los subsidios, pero para hacer de verdad efectivo el derecho a la alimentación, los gobiernos deben abordar las causas profundas de las disaster prolongadas, incluidas las contribuciones de sus sistemas alimentarios nacionales, acotó.
Planes nacionales y cooperación internacional
En este sentido, consideró que los Estados deben responder a la disaster alimentaria con planes nacionales; con el desarrollo de una respuesta internacional coordinada a la disaster alimentaria; y con la transformación de sus sistemas alimentarios para hacerlos más equitativos y resilientes al cambio climático y evitar la pérdida de biodiversidad.
Fakhri advirtió que si los países no cooperan y elaboran una respuesta coordinada internacionalmente, sus planes nacionales para recuperarse de la disaster alimentaria fracasarán.
Del mismo modo, la manera en que den respuesta a las múltiples disaster que están por llegar afectará significativamente a la naturaleza de sus sistemas alimentarios en las próximas décadas.
El experto señaló además que la desigualdad dentro de los países y entre ellos es un issue central de los problemas de los sistemas alimentarios de todo el mundo.
En su informe, Fakhri aseveró que los cambios para hacer efectivo el derecho a la alimentación para todos precisan de la cooperación internacional.
“Por consiguiente, los planes de acción nacionales sobre el derecho a la alimentación requieren que se transfieran fondos de las instituciones financieras y de desarrollo internacionales. Ese financiamiento debe proporcionarse sin aumentar la carga de la deuda y de manera que las instituciones financieras y de desarrollo internacionales estén al servicio de los planes de acción nacionales”, recalcó.
Venezuela: el impacto de las sanciones en el derecho a la alimentación
En la sesión de hoy del Consejo de Derechos Humanos, Michael Fakhri presentó también un informe sobre su vista oficial a Venezuela, realizada del 1 al 14 de febrero de 2024.
El relator especial hizo una evaluación de primera mano de los esfuerzos del país para abordar la seguridad alimentaria y la malnutrición, reconociendo el marco jurídico progresista de Venezuela al igual que diversas iniciativas gubernamentales destinadas a abordar la inseguridad alimentaria.
El informe destaca el grave impacto de las sanciones unilaterales, que han exacerbado los problemas económicos, reducido la disponibilidad de alimentos y aumentado la dependencia de la ayuda humanitaria.
Asimismo, refiere que los problemas estructurales, como la dependencia de las importaciones de alimentos y el apoyo insuficiente a los pequeños agricultores, han agravado aún más la inseguridad alimentaria. “Los grupos en situación de vulnerabilidad, como las mujeres, los niños, las personas mayores, las comunidades indígenas y los detenidos, tienen dificultades desproporcionadas para acceder a una alimentación y nutrición adecuadas”, añadió.
El relator especial pugnó por reformas urgentes, haciendo hincapié en la necesidad de una mayor transparencia en las políticas alimentarias y un mayor apoyo a la producción agrícola native. También recomendó un plan de acción nacional para garantizar el derecho a la alimentación en Venezuela.
Derechos humanos y lucha contra el terrorismo
El diálogo interactivo de hoy incluyó la participación del relator especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo.
En ese foro, Ben Saul, habló de la protección de las garantías fundamentales por parte de las organizaciones regionales en la lucha contra el terrorismo, en relación con la participación de la sociedad civil, las sanciones contra el terrorismo, y las actividades y operaciones militares.
El experto basó su intervención en su más reciente informe, en el que identifica las buenas prácticas y las deficiencias y recomienda mejoras, entre las que se cuenta garantizar que las leyes y prácticas antiterroristas no limiten las actividades de las organizaciones de la sociedad civil, los espacios cívicos o las tareas humanitarias de manera innecesaria, ilegal, desproporcionada o discriminatoria.
