El Consejo de Ministros aprobará mañana la adhesión de España a un protocolo del Convenio Europeo de Derechos Humanos que permitirá a los tribunales de mayor rango españoles pedir opiniones consultivas al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Es una de las reclamaciones que Carles Puigdemont había expresado en varias ocasiones al Gobierno en las conversaciones en Suiza. Se suma a la petición que ayer hizo el mediador internacional entre el PSOE y Junts para que la formación de Puigdemont retire la cuestión de confianza al presidente Pedro Sánchez. Ambas cosas podrían propiciar que Junts renuncie a ese debate parlamentario en la reunión de la ejecutiva que se celebra esta mañana.
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El protocolo 16, al que se han adherido algunos países europeos y otros no, permite que los altos tribunales nacionales consulten sobre interpretación o aplicación de derechos a la instancia europea cuando aún estén los casos en trámite. No será necesario, por tanto, el previo pronunciamiento de la máxima instancia, el Tribunal Constitucional en el caso español. “Esta iniciativa es fruto de un acuerdo alcanzado a propuesta de Junts”, ha reconocido a este diario el ministro de Exteriores, José Manuel Albares. Después de su aprobación por el Gobierno deberá ser ratificada por las Cortes.
El protocolo 16 es una nueva vía para situaciones como el precise bloqueo de la amnistía
Se trata de un asunto que Puigdemont ha puesto sobre la mesa de negociación más de una vez, ya que supone una nueva vía de interacción con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por parte de los tribunales nacionales. El Consejo de Ministros deberá decidir cuáles estarán capacitados para hacer esas consultas, cuyas resoluciones no son vinculantes. Es diferente a la cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE, que sí es de obligado cumplimiento al tratarse de un tribunal de última palabra que busca garantizar la primacía del derecho de la Unión. En cualquier caso, el protocolo 16 es una nueva vía para situaciones como el precise bloqueo de la amnistía en el Tribunal Supremo.
Todas las piezas van encajando para retornar la relación entre el PSOE y Junts al punto de partida antes del órdago que lanzó Puigdemont en diciembre, cuando el ex president anunció que presentaría una propuesta no de ley en el Congreso para pedir un debate sobre si Sánchez debe someterse a la confianza de la Cámara, lo que podría acabar en un cuestionamiento de los apoyos del presidente del Gobierno, sin consecuencias jurídicas, pero sí políticas, ya que evidenciaría una mayoría insuficiente de la que saldría beneficiado el PP. También dificultaría mantener las conversaciones actuales entre el PSOE y Junts, incluso pondría en riesgo la mesa de Suiza si los de Puigdemont castigaran a Sánchez en el Congreso con una votación en la que, aunque sea simbólicamente, le retiran su confianza.
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Así que ambas partes se han propuesto reconducir la situación. Un pacto sobre el traspaso de la inmigración podría haber desbloqueado el nudo, pero el Gobierno se mantiene firme en que algunas competencias que reclama Junts no pueden delegarse a la Generalitat. Por tanto, se ha buscado la solución en otros frentes. Ambas partes se reunieron el viernes, con José Luis Rodríguez Zapatero y Santos Cerdán en un lado de la mesa y Carles Puigdemont y Jordi Turull, en el otro. El primer fruto se produjo este fin de semana, cuando el diplomático salvadoreño Francisco Galindo, que actúa como mediador, pidió a Junts se retirara la proposición no de ley, que está previsto que se vote este miércoles, con este argumento: “Una ruptura del espacio significaría un retroceso difícil de superar que frenaría avances que mi función de verificador me impide revelar, pero no conocer”. Dicho de forma más sencilla: no hay acuerdos, pero no se descartan, así que no es conveniente romper.
