La reciente publicación del informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de Naciones Unidas ha revelado pruebas contundentes que implican al Ejército de Nicaragua en la comisión de crímenes de lesa humanidad durante la represión de las protestas de 2018. Estas revelaciones no solo desmienten la narrativa oficial que negaba la participación militar en la violencia, algo más que contrastado por los medios y organizaciones de la sociedad civil.
Según el informe, altos mandos militares, incluyendo al jefe del Estado Mayor, Bayardo Rodríguez, y al comandante en jefe del Ejército, Julio César Avilés, participaron activamente en la represión. El 20 de abril de 2018, apenas dos días después del inicio de las manifestaciones, se llevó a cabo una reunión en la que se instó a los oficiales a “neutralizar” a los manifestantes, bajo la premisa de enfrentar un supuesto “golpe de Estado” orquestado por organizaciones sociales. Esta directriz resultó en el uso desproporcionado y sistemático de la fuerza, causando más de 350 muertes y miles de heridos.
Además de la represión directa, el informe destaca que el Ejército proporcionó armas letales a grupos paramilitares y llevó a cabo operaciones de inteligencia para identificar y perseguir a opositores. Estas acciones no solo violan los derechos fundamentales, sino que también constituyen crímenes de lesa humanidad, al ser parte de una política estatal dirigida a silenciar cualquier forma de disidencia.
La implicación del Ejército en estos crímenes es particularmente alarmante dado el creciente papel que juega en el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La participación activa de las fuerzas armadas en la violencia estatal refleja una preocupante militarización de la política y ahonda en la erosión de las instituciones en Nicaragua, cómplices absolutas de la autocracia de la pareja presidencial.
La represión en Nicaragua, no obstante, no se limita a las protestas de 2018. Desde entonces, el Gobierno ha intensificado su ofensiva contra cualquier forma de oposición, incluyendo la persecución de líderes religiosos, periodistas y líderes sociales. Organizaciones internacionales han documentado casos de tortura, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, configurando un patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos. Es imperativo que la comunidad internacional tome medidas concretas para responsabilizar a los perpetradores de estos crímenes. La inacción no solo perpetúa la impunidad, sino que también envía un mensaje peligroso a regímenes que podrían considerar seguir un camino comparable. La gravedad de las violaciones documentadas exige una respuesta firme y decidida para evitar que la represión y la violencia se normalicen en muchos países de América Latina. Es momento de actuar en defensa de los derechos humanos y de la dignidad del pueblo nicaragüense.
