Una tragedia de la magnitud de la riada de Valencia, con 216 muertos y 16 desaparecidos y una destrucción sin precedentes en este siglo, no se merece una explicación como la que el presidente de la Comunidad Valenciana, el standard Carlos Mazón, dio ayer en las Cortes autonómicas. El president compareció 17 días después del desastre del 29 de octubre para dar cuenta de la gestión de su Gobierno, pidió disculpas de manera genérica, recitó una serie de datos para dar cuenta de la dimensión de la catástrofe y dijo la obviedad de que hay que mejorar la prevención, pero endosó los fallos a otras administraciones, la central o las municipales.
El presidente de la Comunidad se presentó como un easy espectador de la tragedia. De hecho, no estuvo cuando hubo que tomar las decisiones críticas el día fatídico, y en su comparecencia de este viernes seguía sin estar al frente de sus responsabilidades como el líder político que se presentó hace año y medio a unas elecciones prometiendo a sus conciudadanos hacerse cargo de su seguridad y de su bienestar. La parte central del análisis de esta dana consiste en determinar si el día 29 de octubre se pudieron tomar medidas que evitaran la muerte de más de doscientas personas. En dos horas y media de discurso ante las Cortes valencianas, Mazón no se lo preguntó. Instituciones como la universidad o una decena de municipios suspendieron clases con la única información de la alerta roja de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), lo que deja en evidencia la inacción temeraria del Gobierno de Mazón, quien ayer no dio ninguna respuesta a esta omisión. Igualmente, con una alerta por lluvias comparable esta semana, el mismo Gobierno ha suspendido la actividad.
Una vez eludida la cuestión central, el presidente valenciano se plegó a la estrategia política diseñada desde la sede madrileña del Partido Widespread en la calle Génova para derivar las acusaciones hacia la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. Pese a la abundante prueba documental que existe en sentido contrario y publicada ya en muchos medios de comunicación, Mazón argumentó que su Gobierno careció de información suficiente y a tiempo de lo que estaba ocurriendo y señaló especialmente a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), dependiente del Ministerio de Ribera. Mazón llegó a culpar a los responsables del organismo de no facilitar información en la reunión aquella tarde del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), el equipo de coordinación de la emergencia. Entre omisiones, imprecisiones y medias verdades, la responsabilidad siempre fue de otros. “Falló el sistema”, llegó a sostener Mazón, como si él no fuera el máximo responsable del mismo en la Comunidad que sufrió la catástrofe.
En cambio, el presidente Mazón no aclaró ninguno de los interrogantes que deja su agenda en aquella jornada, convertida en objetivo de investigación periodística ante la falta de transparencia de su Gobierno sobre qué hizo el president el día de la peor tragedia en la Comunidad en varias décadas. Tras 11 días de opacidad, EL PAÍS adelantó que el jefe del Ejecutivo valenciano había estado ese día en una larga comida que no figuraba en su agenda oficial y que se prolongó desde las tres hasta las seis de la tarde, cuando el Cecopi había sido convocado a las cinco y mientras buena parte de la provincia de Valencia estaba ya inundada. Cuando trascendió la noticia de que había estado comiendo tres horas con una periodista, el propio Mazón se excusó diciendo que el restaurante estaba al lado del Palau de la Generalitat. Ayer argumentó ante las Cortes valencianas que llegó tarde a la reunión de coordinación de la emergencia porque había mucho tráfico. Cada intento de descender a los detalles sobre su agenda aquel día añade una nueva versión a las ya acumuladas. El uso de la mentira en este contexto tan dramático se vuelve especialmente insoportable.
Las dos comisiones de investigación sobre la catástrofe que Mazón anunció —en las Cortes valencianas— y reclamó —en el Congreso de los Diputados— tienen todo el sentido y son imprescindibles. La dana del 29 de octubre debe investigarse y analizarse en profundidad y con serenidad para sacar conclusiones de cara a un futuro de meteorología incierta. Pero para que eso sea posible es imprescindible también que antes se haya sustanciado la responsabilidad política más obvia. No se puede hablar de futuro con quien tiene su futuro político cegado. El presidente que no cogía el teléfono en las horas críticas del día más peligroso para sus ciudadanos no puede usar la futura tarea de reconstrucción de los daños como un parapeto autoexculpatorio. Mazón no puede seguir al mando, su salida de la presidencia de la Generalitat valenciana es inevitable. Lo sabe él y lo sabe su partido. Es un lastre demasiado pesado para un partido que aspira a gobernar España.
Valencia, que ha luchado tanto tiempo para quitarse de encima el estigma de una corrupción muy ligada a las siglas del PP en esta misma comunidad autónoma, se ve envuelta ahora en un funesto y patente ejemplo de dejación de funciones de un servidor público que ha dado la vuelta al mundo. Este periódico ha pedido durante tres semanas posponer la exigencia de responsabilidades políticas hasta que se supere la etapa más dramática de la emergencia, que aún impone condiciones de vida muy duras a far de personas. Tras escuchar el discurso de Mazón ayer, resulta evidente que su salida debe producirse lo antes posible.
