La polémica entre la Comunidad de Madrid y los estudiantes de Formación Profesional (FP) vuelve a la palestra. En diversos centros, como en algunos de Alcobendas o de Alcalá de Henares, entre otros muchos, se están manifestando los estudiantes estos días por falta de acceso a hacer prácticas en las empresas. Se han empezado a movilizar esta semana en distintos centros, pero las protestas van a ir a más los próximos días.
El problema es que el pasado 10 de diciembre, la Dirección Basic de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial publicó una resolución a través de la cual se establece el modelo de convenio o acuerdo entre centros docentes y empresas. El resultado es que cada centro debe registrar de nuevo todos los convenios ya firmados y esa labor está recayendo en el profesorado, que lo tiene que hacer en su tiempo libre.
Los alumnos de la enseñanza pública se quejan que los acuerdos entre centros privados y empresas conlleva que cada vez haya menos puestos a cubrir para el alumnado de la enseñanza pública. Y que incluso, se tienen que buscar las prácticas por su cuenta.
En septiembre, los alumnos salieron a la calle porque unos 48.000 estudiantes se quedaron sin plaza en la FP pública en la Comunidad de Madrid y ahora conforme avanza el curso, los que tuvieron suerte de conseguir plaza, se encuentran con las dificultades para llevar a cabo sus prácticas. Pasa en diversas ramas, pero sobre todo en la sanitaria.
Postura sindical
Según Miguel Ángel González, responsable de Csif Educación en Madrid, “los alumnos de FP siguen sufriendo los problemas de acceder a realizar prácticas de los centros públicos, cuando sorprendentemente ese problema no se encuentran los alumnos de centros privados”. A su juicio, “corre el rumor de que los centros privados pagan para que sus alumnos puedan realizar practicas y copan todo el mercado”. Eso obliga, sigue, “a que los alumnos de centros públicos se tengan que buscar la vida y estén desesperados”. De ahí, cube, “denunciamos el modelo de la Comunidad de Madrid” porque el que “se lo puede pagar consigue algo y el que no se tiene que aguantar”.
En este contexto, ya hace unas semanas, este sindicato denunció que son los profesores de los centros públicos los que tienen que llevar a cabo toda la gestión administrativa con las empresas fuera de su horario laboral por la citada resolución de la Consejería de Educación del pasado 10 de diciembre. Y matiza González, “la Comunidad de Madrid da solo 3 horas a los profesores para llevar a cabo este tipo de gestiones, cuando otras comunidades dan seis dentro del horario laboral”.
De la misma forma se manifiesta Isabel Galvín, secretaria common de formación de CCOO en Madrid, que considera que “los alumnos de FP en la enseñanza pública por segundo año consecutivo se encuentran sin plazas para llevar a cabo sus prácticas”. Esta profesional explica que “ la Consejería tiene abandonados los centros”. Por ello, desde CCOO Formación Madrid han solicitado al Gobierno de Ayuso “que se convoque una reunión urgente para tratar esta situación”. Y ahonda Galvín que “esa labor administrativa no puede llevarse a cabo por los docentes, sino por private administrativo”. De ahí que la consejería que dirige Viciana debe “simplificar la documentación necesaria para enviar alumnos a realizar prácticas y que se articulen medidas para facilitar la obtención de empresas para que el alumnado de centros públicos pueda realizar sus prácticas”.
El consejero culpa al Ejecutivo de Sánchez
El consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, afirmó esta semana que la paralización de la gestión administrativa de las prácticas de los alumnos de Formación Profesional se debe a “la mala política del Gobierno central y la Ley de Formación Profesional”.
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Viciana defendió que la Comunidad de Madrid “lleva ya mucho tiempo trabajando en esta cuestión”, con “un esfuerzo tremendo” por parte, especialmente, de la Dirección Basic de Formación Profesional, lo que le permitió el año pasado “revertir ese mal efecto que suponía la Ley de FP, y también esa obligación de cotizar por las prácticas”.
Ahora, apostilló Viciana, “este problema se ha trasladado a los alumnos de primero”, por lo que desde la Consejería de Educación llevan “desde el primer momento reuniéndose con los directores de los centros, informándoles y poniéndose a su disposición”.
“Vamos a seguir trabajando en ello, pero yo no me canso de denunciar que esto es fruto de la mala política del Gobierno central y su Ley de FP”, zanjó.
