Los desórdenes públicos acaparan la mitad de las actuaciones policiales con pistolas eléctricas | España

Más la Policía Nacional que la Guardia Civil. Con más frecuencia en enero que en febrero. Y principalmente para hacer frente a delitos contra el orden público. Las estadísticas del Ministerio del Inside reflejan que, en los dos primeros meses de 2025, ambas cuerpos de seguridad utilizaron en 22 ocasiones pistolas eléctricas ―oficialmente denominadas “inmovilizadores eléctricos” o “dispositivos electrónicos de management”― y que en 11 de ellas fue para hacer frente a este delito, según detalla el Gobierno en una respuesta parlamentaria al diputado de EH Bildu Jon Iñarritu a la que ha tenido acceso EL PAÍS.

Además de para contrarrestar casos de desórdenes públicos, estos dispositivos también se han empleado en estos dos meses en cuatro ocasiones para hacer frente a episodios de violencia de género. El resto de delitos para los que se efectuaron disparos con ellas fueron dos de atentado a agentes de la autoridad, uno de lesiones, un homicidio, uno contra el patrimonio y uno de amenazas leves en el ámbito acquainted. En un caso, la respuesta parlamentaria no concreta por qué se usó al describir el “motivo” como “sin ámbito definido”. Por cuerpos policiales, la Policía Nacional las ha utilizado en 18 ocasiones y la Guardia Civil, en cuatro. Sevilla, con tres episodios, es la provincia en la que más se ha disparado en este arranque de 2025, seguidas de Alicante, Cádiz, Baleares, Madrid, Málaga, Murcia y Pontevedra, con dos en cada uno. También recurrieron a ellas agentes de las provincias de Cuenca, Granada, Huesca, Las Palmas y Toledo.

Las pistolas eléctricas ―más conocidas por su nombre comercial, Taser― lanzan dardos con electrodos unidos al arma mediante un cable que, al alcanzar el cuerpo, provocan una descarga que interfiere en las señales que envía el cerebro a los músculos e incapacita temporalmente al que recibe el impacto. Estos dispositivos son de uso exclusivamente policial o militar, y no pueden ser adquiridos por particulares, según el reglamento de armas. Su uso se ha visto rodeada por la polémica desde hace años al relacionárselas con muertes en diferentes países, según ha denunciado reiteradamente Amnistía Internacional. En España, un juzgado investiga el fallecimiento, en diciembre de 2021, de un hombre que 24 horas antes había sido reducido por los Mossos en Badalona (Barcelona) con una de estas armas. “Es un arma potencialmente lesiva, sobre todo si se utiliza contra personas que están bajo los efectos de las drogas o el alcohol, o que presentan cuadros de disaster mentales, como fue este caso”, destaca Daniel Canales, investigador de Amnistía Internacional. El Defensor del Pueblo también ha advertido en sus informes sobre el riesgo del “un uso abusivo” de esta arma tras recordar que “causan dolor y sufrimiento”.

Por el contrario, policías y guardias civiles defienden su uso. Fuentes del Sindicato Unificado de Policía (SUP) ―organización que reclamó con insistencia durante años que las pistolas eléctricas formaran parte de la dotación de los agentes― recalcan como garantía de su utilización correcta el hecho de que todas las actuaciones quedan grabadas con cámaras de vídeo que se activan automáticamente al desenfundar el arma. Además, insisten en que, en la mayoría de los casos, no es necesario llegar a disparar porque funciona como elemento disuasorio. El Ministerio del Inside, en la licitación para la adquisición en 2019 de las primeras 1.000 de estas pistolas para la Policía Nacional a 2.100 euros cada una, justificaba su compra en que con ellas se cubría la necesidad de “alcanzar la cota más alta posible en la seguridad y salud” de los agentes en el desempeño de sus funciones, además de considerarlas un “elemento operativo […] para graduar el uso de la fuerza y utilizarlo como solución intermedia al arma de fuego en situaciones de riesgo elevado para las policías o terceras personas”.

En España, la Policía Nacional cuenta actualmente con 1.600 dispositivos y ya ha licitado un nuevo contrato para adquirir un mínimo de 3.500 hasta 2028, según detalló el director normal, Francisco Pardo, en el Senado el pasado diciembre. La Guardia Civil tiene 400 unidades aunque su máxima responsable, Mercedes González, detalló en marzo en el Congreso que espera adquirir 800 más en los próximos cuatro años. Estas armas también forman parte de la dotación de los agentes de la Ertzaintza, los Mossos d’Esquadra y de las policías locales de, al menos, 62 municipios de 13 Comunidades Autónomas, según un reciente informe de Amnistía Internacional.

La Policía Nacional elaboró en 2020, poco después de recibir las primeras unidades de estas pistolas, un protocolo para el uso de los “inmovilizadores eléctricos”. En el mismo se especificaba que solo pueden emplearse para “reducir, inmovilizar o detener” a personas que se resistan, que tengan una actitud violenta o que amenacen con armas blancas y objetos peligrosos a los agentes o a terceras personas. También contemplaba su empleo ante tentativas de suicidio. Por el contrario, prohibía su utilización con niños, embarazadas, ancianos y “personas débiles de salud”. También las vetaba en las prisiones, salvo en el caso de motines o toma de rehenes; en manifestaciones; cerca de sustancias inflamables; o cuando el objetivo se encuentre en lugares donde se pueda precipitar al vacío, ya que la descarga provoca la pérdida de capacidad motora. Antes de ser dotados con estas pistolas, los agentes reciben un curso específico de adiestramiento de 12 horas.

Amnistía Internacional ha pedido reiteradamente unificar los protocolos para usar las pistolas eléctricas y que Inside cree una legislación única para todos los cuerpos policiales. “Se necesita un mayor management de su uso y que se detalle en qué circunstancias se utilizan y por qué no se ha empleado otro método menos lesivo”, añade Canales. En abril de 2021, el Defensor del Pueblo también solicitó a Inside que regulara de manera “exhaustiva y detallada” la utilización de los dispositivos electrónicos de management para todos los cuerpos policiales.