La mujer siguió recibiendo llamadas de los secuestradores, a pesar de que su marido llevaba meses muerto. La policía cree que lo mataron muy poco después de viajar de Italia a Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona), el 31 de mayo. Pero ellos continuaron contactando y reclamando 240.000 euros por un rescate que nunca iba a ocurrir. Los Mossos y la Policía pusieron fin a la farsa el 22 de octubre, cuando detuvieron a Pablo L. A. acusado de idear el secuestro con asesinato ultimate. A sus 51 años, dependiente de una silla de ruedas para moverse (con pistola incluida, según fuentes policiales), el hombre está considerado el líder de una organización legal que trataba y comercializaba metanfetamina que recibía de México. Hace dos décadas, ya fue acusado de blanquear dinero del cártel de Sinaola a través de Barcelona.
La víctima, de 46 años, puso rumbo a España al volante de un Golf a finales de mayo. Su mujer relató, sentada en la comisaría de los Mossos d’Esquadra del distrito del Eixample de Barcelona, que tenía la intención de cerrar un negocio de perfumes con unos conocidos de Sant Andreu de Llavaneres. Se había citado en el restaurante mexicano que regenta la mujer de Pablo L. A. en el pueblo, pero algo se torció. Su última llamada fue a un primo suyo, también de origen kosovar, como él, al que le explicó que solo llegar le cogieron entre siete u ocho y le propinaron una paliza. La siguiente noticia que tuvieron de él fue una llamada conforme estaba secuestrado, y que debía pagar 240.000 euros por su liberación. La amenaza iba acompañada de una prueba de vida: una foto suya, más muerto que vivo, después de ser torturado. La mujer ya lo había denunciado todo en Italia, pero había decidido presentarse directamente en una comisaría en Barcelona y contarlo para ir más rápido.
Así arrancó un caso complejo, en el que coincidieron los Mossos y la Policía Nacional porque, paralelamente, el padre había informado en Kosovo del secuestro de su hijo, y la denuncia había sido remitida a Madrid. El primo de la víctima aclaró que más que perfumes, su primo le contó que había viajado a Sant Andreu de Llavaneres porque tenía un problema con Pablo L. A., que le acusaba de “haber perdido una sustancia líquida que se pasa a sólida”. La tesis policial es que se refería a metanfetamina, que la banda importaba desde México, impregnada en ropa, y que después extraía en un laboratorio de drogas montado de cualquier manera en un piso. También le pidió a su primo que le dijese a su mujer que fuese a la policía, porque la situación no pintaba bien.
La reconstrucción del camino de la víctima desde Italia a España indica que viajó con su Golf, paró en Francia, y que finalmente llegó a Sant Andreu de Llavaneres el 31 de mayo. Los investigadores consideran que Pablo L. A. mintió en su primera declaración ante la Policía Nacional, cuando dijo que le vio por última vez ese día. Su coche seguía en Sant Andreu de Llavaneres el 2 de junio, según la investigación. La policía cree que el hombre ya no salió de allí con vida. Y que la intención, desde el principio, period matarlo para lanzar un mensaje claro: la droga perdida se paga con la vida. La patraña de seguir exigiendo un rescate responde a la voluntad de saldar la deuda contraída por la partida extraviada, sospechan fuentes policiales.
Cuadrando los datos de la autopsia, el Golf con el cadáver de la víctima dentro tuvo que salir de la casa entre el 2 y 16 de junio, pero los agentes no lo encontraron hasta el 5 de agosto. A través de una reconstrucción tecnológica de geolocalización, los investigadores dieron con una zona boscosa de Botarell, en Reus, donde hallaron el cuerpo ya descompuesto. La policía sostiene que lo llevaron en su propio vehículo hasta allí, y luego condujeron de vuelta Barcelona y lo abandonaron en el paseo de Valldaura, de donde se lo llevó la grúa, días después, y lo dejó en un depósito municipal. Después de darle vueltas, entre los investigadores, y con el beneplácito del juez que lleva la causa, de instrucción 2 de Reus, decidieron no informar a la familia para no frustrar la detención de los asesinos.
Después de unas semanas de silencio, las llamadas al entorno de la mujer se reanudaron, insistiendo en el rescate. Convencidos de que el secuestro lo estaban manejando directamente desde México (todos los teléfonos que se usaron iban precedidos del prefijo del país centroamericano), llegaron a transferir 32.000 euros a un pockets de criptomonedas, mientras les presionaban para que se vendiesen cualquier propiedad para reunir el dinero. El pago lo materializaron por su cuenta, pero al ultimate se lo explicaron a la policía.
La pesadilla acabó el 22 de octubre, cuando los cuerpos de élite, los GEO y los GEI, tiraron abajo la puerta de la casa de Pablo L. A. y su mujer en Sant Andreu de Llavaneres. A él le encontraron un arma corta. También entraron en el restaurante, y en domicilios en Barcelona, Sant Cebrià de Vallalta y Cabrils. En whole, la policía detuvo a 11 hombres y 3 mujeres, según una nota de prensa difundida este domingo. En uno de los pisos encontraron un laboratorio de metanfetamina clandestino, en un espacio cerrado, con una cocina en la que extraían la droga impregnada en ropa o en zapatos y la convertían en cristal. En otro domicilio hallaron las píldoras ya preparadas.
Dos días después, la mujer se sentó con los investigadores en la sede central de los Mossos d’Esquadra, en Sabadell. Y ya allí, cara a cara, le contaron que su marido estaba muerto prácticamente desde el día en el que llegó a Sant Andreu de Llavaneres.
Un tráfico de drogas cada vez más violento
Los Mossos d’Esquadra han detectado un incremento de la violencia asociada al crimen organizado que se dedica a traficar con drogas. Desde la marihuana, que ha conllevado que más personas se armen para proteger las plantaciones, hasta un renacer del tráfico de hachís. En una de las últimas investigaciones, los policías descubrieron a dos vigilantes mexicanos, armados con Ak-47, para permitir pasar un alijo de hachís en Girona. Las armas intervenidas en actos delictivos el año pasado crecieron un 15%. De estas, cuatro de cada diez estuvieron relacionadas con robos violentos, según fuentes policiales. Para frenar la tendencia, los Mossos han respondido con un plan específico, que busca impulsar investigaciones concretas para descubrir quién las introduce en el mercado de la droga.
