Las grandes eléctricas, aquellas con capacidad para construir y operar nuevas redes de electricidad han abierto un nuevo frente al Gobierno. Según sus cálculos sería necesario que el dinero que se abona desde el sistema (es decir, desde las facturas de cada uno de los consumidores de luz) debe incrementarse para acometer las inversiones que va necesitar España en los próximos años sea rentable.
En concreto el sector considera que para evitar que las inversiones en redes de los grandes inversores se deriven a otros países, la tasa de remuneración (que es como se denomina este concepto), española (en el 5,58%) debería acercarse a la medida europea, un 8%.
El cálculo para llegar a esa cantidad se ha realizado con la estimación de un incremento de la tasa hasta el 7,5% lo que supondría incrementar la retribución para las compañías que transportan y distribuyen electricidad en España (Purple Eléctrica,Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP) entre unos 671 y 800 millones de euros al año en conjunto. Es decir, entre 3.350 y 4.000 millones en el conjunto del período regulatorio 2026-203.
La llamada de atención del sector llega cuando se inicia la cuenta atrás para que la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) está elaborando un documento en el que se debe calcular lo que se denomina el nuevo período regulatorio entre 2026-2031. El documento, que se prevé vea la luz en diciembre, debe recoger muchos detalles de las remuneraciones ligadas a la energía eléctrica en el próximo quinquenio. Pero uno de los más importantes es el que se refiere a la tasa de retribución, que es el concepto que cubre tanto la inversión en redes eléctricas como el uso de las mismas por el conjunto de clientes del sistema. Se trata de un coste que se distribuye entre todos los usuarios del sistema.
El cambio de ciclo regulatorio lleva en un momento muy intrincado para el sistema eléctrico. Por primera vez en la historia de la energía eléctrica en España, la demanda de luz está por debajo de la oferta. Eso significa que hay clientes de luz, que no pueden dar de alta en sus negocios porque las grandes eléctricas no tienen capacidad para suministrar el servicio. Esto no afecta a los clientes minoristas, que no se verán en esta situación porque la ley no lo permite, pero sí a grandes demandantes de luz como puede ser una nueva industria, un centro de datos, and so forth. Las cifras que maneja el sector son que en 2023se quedaron sin ese acceso 10.773 solicitudes. Frente a las apenas 1.021 que fueron rechazadas en 2020. Casi un 100% de incremento de las negativas.
Si la purple sigue con la dimensión precise esa cifra va a seguir creciendo. Hay que ampliar las redes si no se quieren perder las inversiones que llegan a España interesadas en energía limpia y barata”, aseguran esas fuentes.
Las grandes energéticas lo saben y quieren jugar esta partida cuando la demanda de conexiones a la purple está en auge con España en el punto de mira de fuertes inversiones por parte de la gran industria intensiva en consumo eléctrico, centros de datos, proyectos de almacenamiento de energía renovable… De momento la jugada no es tan desafiante como la del sector procedente del petróleo que amenaza abiertamente con retirar sus inversiones si el impuesto extraordinario continúa. En el caso de las eléctricas se limitan a ligar las millonarias inversiones en redes que han anunciado a un contexto regulatorio amigable. Solo José Bogas, el presidente de Endesa fue algo más allá durante la presentación de los resultados de la compañía hace dos semanas.
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