La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) ha solicitado al Ayuntamiento de la capital la prohibición whole de los pisos turísticos en la ciudad para proteger el parque residencial y hacer frente a la precise disaster de vivienda.
La demanda ha sido presentada en sus alegaciones al Plan Reside, con el argumento de que las viviendas deben destinarse exclusivamente a uso residencial y no hotelero.
En este sentido, la FRAVM también se ha opuesto a la posibilidad de transformar edificios completos de uso residencial en hotelero mediante planes especiales, una opción contemplada en el proyecto del equipo de Gobierno municipal.
Lee también
La petición se enmarca en la manifestación por la vivienda digna celebrada el pasado domingo en Madrid, organizada por la Plataforma Hábitat, de la que la FRAVM forma parte junto a otras 38 entidades.
Durante la protesta, se reclamaron medidas urgentes para frenar la disaster habitacional, incluyendo el management de precios, el aumento del parque público de vivienda y la preservación del uso residencial de los hogares.
De no aprobarse la prohibición whole, la federación vecinal ha exigido la aplicación de la normativa del centro histórico al conjunto del municipio para evitar la proliferación de viviendas de uso turístico (VUT) en barrios periféricos, donde ya se detecta un notable impacto de esta actividad.
En este sentido, según la FRAVM, las VUT generan problemas de ruidos, malos olores y molestias que afectan a la calidad de vida de los residentes y vulneran la inviolabilidad del domicilio, derecho protegido por la Constitución.
Zonas más afectadas
Además, advierten que la falta de inspección y sanciones ha favorecido la expansión descontrolada de esta actividad, especialmente en zonas como Puente de Vallecas, Carabanchel, Ciudad Lineal, San Blas-Canillejas, Hortaleza, Tetuán y Latina.
Finalmente, la federación ha denunciado las deficiencias en la inspección municipal y autonómica para common las VUT ilegales, con un número insuficiente de efectivos y una falta de coordinación entre administraciones.
Por ello, han instado al Ayuntamiento a aplicar las sanciones previstas en la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid y la Ley de Capitalidad, así como a triplicar el cuerpo de inspección en el 2024.
