Un informe de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha revelado, este miércoles, las violaciones de derechos humanos llevadas a cabo por el anterior gobierno y los servicios de seguridad e inteligencia de Bangladesh, junto con elementos violentos asociados al partido de la Liga Awami. Estos cometieron una represión brutal y sistemática de las protestas estudiantiles el año pasado.
“Hay motivos razonables para creer que cientos de ejecuciones extrajudiciales, detenciones y encarcelamientos arbitrarios generalizados, y torturas se llevaron a cabo con el conocimiento, la coordinación y la dirección de los dirigentes políticos y altos funcionarios de seguridad como parte de una estrategia para reprimir las protestas”, declaró Volker Türk, Alto Comisionado de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
El informe calcula que entre el 1 de julio y el 15 de agosto podrían haber muerto hasta 1400 personas, y que miles resultaron heridas, en su gran mayoría por disparos de las fuerzas de seguridad de Bangladesh. De ellas, indica que hasta un 12-13% de los muertos eran niños. Por otro lado, la policía de Bangladesh informó que 44 de sus agentes habían muerto.
Estrategia para aferrase al poder
Las protestas se desencadenaron a raíz de la decisión del Tribunal Supremo de reinstaurar un sistema de cuotas en los empleos públicos, que tenían su origen en reivindicaciones mucho más amplias, derivadas de una política y una gobernanza destructivas y corruptas que habían afianzado las desigualdades económicas.
Además, según el informe, para mantenerse en el poder, el anterior gobierno intentó sistemáticamente reprimir estas protestas por medios cada vez más violentos.
“La brutal respuesta fue una estrategia calculada y bien coordinada del anterior gobierno para aferrarse al poder frente a una oposición masiva”, indicó Türk.
Violencia estatal y asesinatos selectivos: crímenes internacionales
Basándose en los testimonios de altos funcionarios y en otras pruebas, el informe concluye que existía una política oficial que instigaba a atacar y reprimir violentamente a los manifestantes y simpatizantes contrarios al gobierno, lo que suscita preocupación en cuanto a crímenes de lesa humanidad que requerirán una investigación prison adicional urgente.
“Los testimonios y las pruebas que reunimos dibujan un panorama inquietante de violencia estatal desenfrenada y asesinatos selectivos, que figuran entre las violaciones más graves de derechos humanos y que también pueden constituir crímenes internacionales. La rendición de cuentas y la justicia son esenciales para la recuperación nacional y para el futuro de Bangladesh”, añadió Türk.
El Ministerio de Sanidad informó que durante las protestas se registraron 13.529 lesiones. Un hospital de Daca, la capital, trató a 736 pacientes con lesiones oculares, de los cuales 506 requirieron operaciones de urgencia.
Además, se registraron 11.702 detenciones por la policía y el Batallón de Acción Rápida, una fuerza paramilitar compuesta por agentes destinados por la policía, el ejército y otras entidades de seguridad.
Investigación independiente e imparcial
A petición del consejero jefe del gobierno provisional, Mohammed Yunus, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU envió en septiembre un equipo a Bangladesh, que incluía investigadores de derechos humanos, un médico forense y un experto en armas, para llevar a cabo una investigación independiente e imparcial de los mortíferos sucesos.
Además, el gobierno provisional prestó una cooperación significativa a la investigación, concedió el acceso solicitado y facilitó documentación sustancial.
Antiguos altos cargos, directamente implicados en la gestión de las protestas, y otras fuentes internas describieron cómo el ex primer ministro y otros altos cargos dirigieron y supervisaron una serie de operaciones a gran escala, en las que las fuerzas de seguridad e inteligencia dispararon y mataron a manifestantes o los detuvieron y torturaron arbitrariamente.
En el informe se constataron pautas de actuación de las fuerzas de seguridad que mataron o mutilaron a manifestantes de forma deliberada e impermisible, incluidos incidentes en los que se disparó a quemarropa.
Abu Sayed, víctima de una ejecución extrajudicial
También se examinó en detalle el caso emblemático de Abu Sayed, entre otros, que fue filmado gritando “disparadme” a la policía con los brazos abiertos en una protesta en la Universidad Begum Rokeya de Rangpur, una ciudad en el norte de Bangladesh.
Los investigadores reconstruyeron su asesinato para corroborar los testimonios sobre cómo se produjo utilizando grabaciones de vídeo, imágenes y tecnología de geolocalización.
Un análisis forense concluyó que sus heridas concordaban con que le habían disparado al menos dos veces con escopetas cargadas con perdigones metálicos, desde una distancia de unos 14 metros. Hay motivos razonables para creer que Abu Sayed fue víctima de una ejecución extrajudicial deliberada por parte de la policía.
Violencia de género
Tras haber estado en la vanguardia de las primeras protestas, las mujeres, incluidas las líderes de las protestas, también fueron objeto de detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos y agresiones por parte de las fuerzas de seguridad y de simpatizantes de la Liga Awami.
El informe documenta violencia de género, incluidas agresiones físicas y amenazas de violación, dirigidas a disuadir a las mujeres de participar en las protestas.
Niños: sufrieron detenciones arbitrarias, reclusión, tortura y asesinato
También constata que la policía y otras fuerzas de seguridad mataron y mutilaron a niños, y los sometieron a detención arbitraria, reclusión en condiciones inhumanas y tortura.
Asimismo, entre las víctimas mortales también había niños de muy corta edad que habían sido llevados por sus padres a las protestas, o a quienes se disparó como espectadores.
En uno de los varios casos documentados, es el de un manifestante de 12 años que murió en Dhanmondi a causa de una hemorragia interna provocada por unos 200 perdigones metálicos.
Asimismo, una niña de seis años murió, en la ciudad de Narayanganj, de un balazo en la cabeza cuando se encontraba en el tejado de su edificio observando los violentos enfrentamientos de una protesta.
El 5 de agosto, el último y uno de los días más mortíferos de las protestas, un niño de 12 años que fue tiroteado por la policía en Azampur recordó que la policía “disparaba por todas partes como si lloviera”. Describió haber visto al menos una docena de cadáveres.
Abusos de los derechos humanos
El informe también documenta casos en los que las fuerzas de seguridad negaron u obstruyeron la atención médica crítica a manifestantes heridos, interrogaron a pacientes y recogieron sus huellas dactilares en hospitales, intimidaron al private médico y se incautaron de grabaciones de vídeovigilancia de hospitales sin el debido proceso, en un aparente esfuerzo por identificar a los manifestantes y ocultar pruebas del alcance de la violencia ejercida por las fuerzas del Estado.
A estos se suman casos preocupantes de homicidios en represalia y otros actos graves de violencia por venganza contra funcionarios y simpatizantes de la Liga Awami, la policía y los medios de comunicación, cuando el anterior gobierno empezó a perder el management del país. Hindúes, musulmanes ahmadiyya e indígenas de las colinas de Chittagong, comunidades indígenas que habitan en las cordilleras al sudeste del país, también fueron objeto de abusos contra los derechos humanos.
Según el informe, aunque se han practicado unas 100 detenciones en relación con ataques a distintos grupos religiosos e indígenas, los autores de muchos otros actos de violencia vengativa y ataques a estos grupos siguen gozando de impunidad.
Recomendaciones para la seguridad y la justicia
El informe ofrece un conjunto detallado de recomendaciones para reformar los sectores de la seguridad y la justicia, abolir una serie de leyes e instituciones represivas concebidas para reprimir la disidencia cívica y política, y aplicar cambios más amplios en el sistema político y la gobernanza económica.
Algunas de las recomendaciones incluyen la prohibición del uso de perdigones de escopeta u otra munición letal para dispersar a las multitudes y reformar la gestión del orden público haciendo hincapié en tácticas menos letales.
Asimismo, se recomienda implementar una justicia penal imparcial y eficaz para las violaciones graves y la violencia vengativa, establecer una fiscalía independiente y un programa de protección de testigos, e implementar un proceso más amplio centrado en las víctimas para mejorar la cohesión social y la recuperación nacional.
“La mejor manera de avanzar para Bangladesh es hacer frente a los horribles errores cometidos durante este periodo, a través de un proceso integral de búsqueda de la verdad, sanación y rendición de cuentas, y reparar el legado de graves violaciones de derechos humanos y garantizar que nunca puedan volver a ocurrir”, dijo el Alto Comisionado. “Mi Oficina está dispuesta a ayudar en este very important proceso nacional de rendición de cuentas y reforma”.
