Acaba de comenzar una negociación clave para el futuro del país. El Ministerio de Educación y los seis principales sindicatos de enseñanza discuten desde esta semana la gran reforma pendiente en materia educativa: la del profesorado. La ambición es mejorar las condiciones laborales en las que se ejerce la profesión docente, pero también cambiar los mecanismos de selección, promoción y evaluación del profesorado para mejorar la calidad de la enseñanza. La cuestión no solo afecta de forma directa a los 784.000 profesores en activo y a los 8,3 millones de alumnos y sus familias, sino al conjunto de la sociedad.
Los resultados de España en las pruebas internacionales son claramente mejorables. La inestabilidad provocada por los constantes cambios legislativos y una resistencia corporativa a cuestionar los modelos actuales han impedido hasta ahora abordar esta cuestión. La reforma es un mandato de la Lomloe (2020). En 2022, el ministerio hizo una primera propuesta, y tres años después sigue pendiente.
Los sindicatos ponen énfasis en la reducción del horario lectivo, la disminución del número de alumnos por clase y la equiparación de los maestros de colegios a los profesores de secundaria. Está claro que la mejora de las condiciones laborales resulta positiva para la calidad de la enseñanza. Pero no es suficiente. Los países más avanzados se caracterizan por una mayor valoración social de los docentes, pero también por una mayor exigencia en su preparación y en su evaluación. Eso implica cambios en la formación, en el acceso a la carrera y en la progresión profesional.
Existe un amplio consenso sobre la necesidad de cambiar el currículo de los estudios de formación del profesorado, y las universidades ya trabajan en un nuevo modelo. Se ha de reformular también el máster que da acceso a la carrera docente y el sistema de oposiciones, claramente desfasado. Los profesores no solo han de demostrar competencias en su materia, sino las habilidades didácticas y comunicativas necesarias para transmitir el conocimiento. Es relevante la propuesta de implantar un periodo de prácticas obligatorias y remuneradas bajo la tutela de un docente experimentado. Lo deseable es un sistema parecido al MIR de la profesión médica. Aunque su coste puede resultar elevado, el beneficio sería indiscutible.
También hay que abordar sin miedo un sistema de incentivos que premie la excelencia docente, de manera que la progresión en la carrera profesional no dependa solo del tiempo. Una verdadera carrera profesional debe vincular los ascensos y mejoras retributivas a la evaluación de la competencia demostrada y los resultados obtenidos.
El sistema educativo no puede permitirse perder esta oportunidad de ponerse al día ante los nuevos desafíos, que tienen que ver con la mayor diversidad del alumnado y con las demandas de un desarrollo tecnológico acelerado que exige una gran flexibilidad y capacidad de adaptación.
