La Plataforma de Afectados por Metro de San Fernando de Henares convocó el pasado martes una concentración para exigir soluciones concretas y reales para resolver el problema creado por la línea 7B de Metro de Madrid a su paso por San Fernando de Henares y Coslada.
La movilización tuvo lugar a las 18.00 horas en la puerta de la oficina de información de la Comunidad de Madrid, en San Fernando de Henares. Ni será la primera, ni la última.
También han anunciado un nuevo ciclo de movilizaciones con la exigencia de “dignidad, justicia y reparación para los afectados de la Línea 7B de Metro”.
“Los afectados seguimos conviviendo con una política de opacidad que, lejos de mejorar o resolverse, se incrementa cada día”, denuncian en un comunicado.
A juicio para lograr una casa digna
Asimismo, recalcan que “la Comunidad de Madrid lleva meses sin compartir datos técnicos que avalen las diversas intervenciones que, desde hace más de tres años, se vienen llevando a cabo”.
También se quejan de que “las familias que han perdido sus casas se tienen que enfrentar, obligadas, a un juicio para poder optar a una vivienda digna después de perderlo todo”, ya que consideran muy limitada la indemnización que reciben por parte de la Administración.
Además, la Plataforma recuerda que “los daños se extienden o vuelven a aparecer en zonas donde se había realizado la reparación de algunos desperfectos”.
Añaden que “dos municipios conviven con una línea de metro que se hunde día a día, para la que no hay solución definitiva a corto, medio o largo plazo, mientras sufren la incertidumbre y el daño económico irrecuperable”.
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Desde su punto de vista, ninguna administración “está poniendo encima de la mesa soluciones reales, dejando a la ciudadanía completamente desprotegida”.
Por ello, “ante la inoperancia de las instituciones, ante su desidia y distanciamiento con la realidad social que viven los afectados”, han convocado estas concentraciones.
“A partir de hoy se inicia un nuevo ciclo de manifestaciones para afrontar este conflicto del que son responsables todos los representantes de las administraciones en sus distintos niveles, bien por acción directa del daño, bien por omisión de socorro a las víctimas”, concluyen.
