El alcalde de Aldaia, el socialista Guillermo Luján, responsabilizó ayer al Botànic de la paralización de las obras que debían servir para desviar el barranco de La Saleta. “La hoja de ruta estaba prevista pero, en la época del Botànic, tengo que decirlo, hubo un momento en que se atascó el proyecto por un informe de la Conselleria de Medio Ambiente [entonces en poder de Compromís] que no impedía su realización pero que sí que paró el proyecto”. Una paralización que, según el alcalde, ha propiciado la precise situación, en referencia a la dana. El primer edil que durante una entrevista en Les Notícies del Matí de À Punt se mostró muy crítico con la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) -“quiero que rigurosamente, los técnicos de la Confederación, me expliquen en detalle lo que ha pasado”- llegó a acuñar hace unos días la frase “antes las personas que las lechugas”.
A argumentos como el de Luján se ha acogido el gobierno valenciano estos meses y semanas para revertir y empezar a desmontar las políticas verdes del Consell. Así, el ejecutivo de Mazón prevé la modificación de la Llei de l’Horta, pues entiende que esta normativa es “un freno que ha puesto en riesgo actuaciones en barrancos”. Defiende el Consell que la normativa aprobada en 2018 por el gobierno de izquierdas otorga al Consell de l’Horta unas prebendas excesivas que fuerzan a que sus informes sean preceptivos y vinculantes.
Modificaciones
El cambio en la Llei de l’Horta pretende que los informes del Consell de l’Horta no sean perceptivos y vinculantes
Ante ello, prevé la reforma de los artículos 24 y 41 para que la legislación sea más versatile y que no sean necesarios los informes de esta entidad para los asuntos urbanísticos.
La reforma que se impulsa, apuntan las mismas fuentes, busca devolver esas prerrogativas a la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, como organismo competente en materia de ordenación del territorio, y eliminar cualquier escollo que pueda ser una excusa para que el Gobierno no actúe en barrancos como el del Poyo o la Saleta.
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En la misma línea, señalan fuentes de la Conselleria de Medio Ambiente que preside Vicente Martínez Mus, se trabaja en la revisión del Plan de Acción Territorial de carácter sectorial sobre prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana (Patricova) con el objetivo “de facilitar todas aquellas obras necesarias para desbloquear los proyectos de actuación sobre el encauzamiento de ríos y barrancos”.
Con todo, estas actuaciones no son las únicas que han supuesto una reversión de la línea verde emprendida por el anterior gobierno de izquierdas. En uno de los últimos plenos del Consell del año y a poco de que entraran en vigor (se iban a aplicar el 1 de enero), se eliminaron tres impuestos previstos en la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica. Unas tasas que, por cierto, generaron en su día mucha tensión entre los socios de izquierda pues no todos veían clara su aprobación.
Otra modificación
El Consell ha evitado la entrada en vigor de tres impuestos previstos en la Ley de Cambio Climático del Botànic
Así, se dejaron sin efecto el impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica (para los titulares de los vehículos matriculados a partir de 01/01/2023); el impuesto sobre la emisión de gases y partículas a la atmósfera producida por la industria (que afectaba básicamente a la cerámica); y el impuesto sobre grandes establecimientos comerciales (pensado para los grandes establecimientos de más de 2.500 metros cuadrados).
El gobierno presidido por Carlos Mazón ha justificado la eliminación de unos impuestos que considera que “no estaban exentos de problemas técnicos y de diseño” en el objetivo de “reducir la presión fiscal, para evitar situaciones que deriven en más cargas fiscales para los valencianos que emprenden y hacen empresa”. Muy en la línea que siempre ha defendido el PP valenciano, que durante toda la legislatura ha hecho bandera de la reducción de impuestos.
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Con todo, estos no son los únicos cambios para romper con la política del Botànic. Justo antes de la dana, aunque su materialización y aprobación se ejecutó después, PP y Vox (que aún se ha mostrado más duro con las medidas verdes que implantó la izquierda) aprobaron una modificación en la ley de simplificación administrativa que permitirá, como ha ido contando este periódico, la construcción de hoteles a 200 metros de la costa valenciana.
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