La Fiscalía de Menores de Barcelona ha pedido este jueves en los juzgados la suspensión cautelar de la publicación del libro El odio, en el que José Bretón confiesa que asesinó a sus hijos. También ha enviado un escrito a la editorial del libro, Anagrama, en el que advierte que valora emprender acciones legales ante la posible vulneración del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen de los menores, según ha adelantado la Cadena Ser y ha confirmado EL PAÍS por fuentes fiscales.
El argumento de la Fiscalía se basa en que, cuando hay menores implicados, ellos tienen que analizar previamente si el contenido de la obra puede vulnerar sus derechos, algo que en este caso no ha ocurrido. En el escrito a Anagrama les advierten de que están estudiando la interposición de una demanda de derecho al honor de los menores. Además, trasladaron su solicitud al juzgado de guardia, que finalmente se ha inhibido al juzgado de primera instancia, responsable de asuntos civiles como los que aquí se denuncian, el derecho al honor, a la propia imagen y a la intimidad.
Bretón fue condenado a 40 años de cárcel por matar a sus dos hijos, Ruth y José, de seis y dos años, en octubre de 2011 en Córdoba. En el libro, cuya publicación estaba inicialmente prevista para el 26 de marzo, Bretón confiesa por primera vez públicamente ser el autor del crimen. El asesino había confesado ya en 2017, según se explica en el libro, pero no trascendió porque fue de manera privada y dentro del marco de una terapia de justicia restaurativa ante los profesionales penitenciarios de la cárcel donde cumple condena.
Ruth Ortiz, la madre de los niños, pidió a la justicia que se paralice la publicación del libro, que traza un perfil del asesino. Ortiz denunció la obra, firmada por Luisgé Martín (Madrid, 63 años), ante la Audiencia Provincial y la Fiscalía de Córdoba por intromisión ilegítima del derecho a la intimidad y la propia imagen de los menores fallecidos, según los documentos a los que ha tenido acceso EL PAÍS. En su demanda ante la Audiencia Provincial de Córdoba, la abogada de Ortiz refleja que todas las informaciones que se han publicado han generado a la mujer “un enorme dolor y daño psicológico”, además de un “ejercicio reiterado de la violencia vicaria” y una “tortura”. En ese escrito, la letrada recuerda que la sentencia condenatoria de Bretón prohibía además al asesino comunicarse con Ruth Ortiz y con su familia “por cualquier medio, durante 21 años por cada delito de asesinato, computables a partir del momento en que el tratamiento penitenciario permita la concesión de permisos”.
La fiscalía cordobesa dio traslado del asunto a la Fiscalía de Barcelona, donde está radicada la editorial. Este mismo jueves ha reclamado en una carta a la que ha tenido acceso este periódico que no se permita que salga ese testimonio. “No podemos de ninguna manera ni forma dar voz a los asesinos para que puedan faltar al honor, a la intimidad y a la imagen de las víctimas, ni para que puedan revictimizarlas. Si no está bien regulado, tendrá que regularse correctamente, y si está regulado y no se cumple, se tiene que cumplir y hacer cumplir”, cube la mujer en la misiva.
“No se puede dar en ningún caso voz a los asesinos, voz a los violentos, voz a quien ha asesinado a sus propios hijos para hacer el mayor daño posible a la madre, a la mujer”, ha señalado por su parte la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en declaraciones enviadas a los medios, informa Isabel Valdés. “Creo que también somos responsables, tenemos que ser conscientes de que no se puede revictimizar todavía más a esa mujer, a esa víctima”. La ministra ha hecho un ofrecimiento a Ruth Ortiz: “Si en algún momento podemos ser útiles o ayudarla, que cuente con nosotras, que desde luego estamos a su disposición”.
