A una semana de que se celebre la consulta en la que los tutores legales de los alumnos decidirán sobre la lengua base de la enseñanza, los grupos de whatsapp de los colegios echan humo. Muchas son las dudas tanto de los efectos de la consulta -el desconocimiento de algunos padres es absoluto pese a la última campaña informativa realizada por la propia Conselleria de Educación- como de los pasos que hay que hacer para votar, pues el procedimiento (telemático) no es del todo sencillo.
Unas dudas y preguntas que se suman, de vez en cuando, algún reproche cruzado entre los contrarios a la consulta y los que defienden las bondades de la misma que han alterado la convivencia de estos grupos de whatsapp.
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Y es que la convocatoria y la proximidad de la votación está tensionado a la comunidad educativa. Un nerviosismo que va en aumento y es que, sea cual sea el voto de los padres, eso no asegura la lengua en la que finalmente acabarán cursando sus hijos la mayoría de sus asignaturas. Dependerá del voto del resto de compañeros del aula y de las posibilidades de los centros de adecuarse a las demandas de cada uno de los representantes legales. Se añaden otras cuestiones como el temor a que los grupos de clase se separen o la imposibilidad de equilibrar las clases en función de la presencia de alumnos con necesidades especiales.
En este clima, y a una semana de que empiece la votación, Compromís ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) para pedir la suspensión cautelarísima de la consulta prevista en la ley de libertad educativa que aprobaron PP y Vox el pasado mes de julio. A las anteriores peticiones de ACPV y UGT, el juzgado no ha accedido de momento -primero ha pedido escuchar el posicionamiento a la Conselleria-, por lo que Compromís ha variado la estrategia y ha presentado el recurso no como partido sino como padres y madres afectadas por la orden que convoca la consulta. El escrito lo firman hasta 15 dirigentes de peso de la coalición (diputados nacionales, autonómicos y provinciales y concejales de importantes ayuntamientos) que han adjuntado hasta su libro de familia para poder personarse como afectados en los tribunales.
Otro recurso
Los dirigentes de Compromís que son padres reclaman al TSJ una suspensión cautelarísima como afectados
Esta semana se espera que el TSJ resuelva todas las peticiones de suspensión pues el martes que viene empieza la votación.
Paralelamente, este sábado la Plataforma per l’Ensenyament Públic ha convocado concentraciones en València, Castellón y Alicante para mostrar su rechazo a la consulta y reclamar el voto en la misma al valenciano. Se busca que nadie se quede sin votar pues los que no lo hagan serán repartidos en los grupos en función del resto de resultados.
Los partidarios de la lengua minoritaria han emprendido desde hace unos meses una movilización para intentar mantener el valenciano como la lengua vehicular de la enseñanza a través de grupos autoorganizados en comarcas y colegios con plataformas de padres y madres como Famílies pel Valencià. Esta organización, con cerca de 7.500 adheridos, ha logrado la adhesión de 150 Asociaciones de Familias de Alumnos de distintos colegios. Tiene presencia y grupos dinámicos en todas las comarcas valencianohablantes y ha logrado organizar charlas y mesas informativas en muchas de ellas.
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Su organización a través de las nuevas tecnologías está logrando imponer un relato en muchos colegios de las zonas de predominio lingüístico valenciano. “En las últimas semanas, estamos recibiendo muchas consultas de familias cuya lengua materna es el castellano y eso nos da esperanzas de haber sabido transmitir el mensaje de la importancia de dominar las dos lenguas”, explica uno de sus promotores.
En el lado contrario, Escuela de Todos lleva semanas reclamando neutralidad en algunos colegios y denunciando la celebración de charlas informativas -que ellos considera charlas de intoxicación- en los mismos o reclamando que no se cuelguen pancartas en favor del valenciano. Esta entidad, cuya página internet es toda en castellano, es una de las plataformas que participó en los trámites de la aprobación de la ley de libertad educativa. Sus denuncias han hecho que la Conselleria de Educación que preside José Antonio Rovira, pidiera a los centros educativos “imparcialidad” en una consulta donde el Ejecutivo de Mazón defiende que se mantiene “impartial”.
