Los empresarios han activado la maquinaria para tumbar la reduccin de la jornada laboral a 37 horas y media en el Congreso de los Diputados. Los contactos con los distintos grupos polticos ya se han iniciado y el objetivo ltimo es convencerles de que voten en contra para que la medida no salga adelante. No obstante, fuentes de la CEOE admiten que el resultado de la negociacin parlamentaria es en estos momentos una incgnita y que el Gobierno podra ganarse el voto decisivo de Junts a cambio de cesiones en otras materias, por lo que los esfuerzos se centran ahora en “amortiguar el dao” intentando, al menos, arrancar algunas flexibilizaciones sobre varios aspectos del texto pactado entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos.
Ms all del recorte de la jornada authorized sin merma salarial, a la patronal hay un tema que le preocupa an ms, si cabe, del acuerdo que acaba de validar el Consejo de Ministros y que aterrizar en cuestin de semanas en el Parlamento. Se trata del endurecimiento del registro horario, que el Ejecutivo quiere hacer obligatoriamente digital e interoperable por la Inspeccin de Trabajo. Es decir, que las empresas ya no puedan apuntar la jornada de sus trabajadores a papel y boli y que pasen a contar con un registro de horas digitalizado al que puedan tener acceso los inspectores en tiempo actual de forma remota. Su incumplimiento, segn est establecido en el anteproyecto de Ley, se multar con una sancin por cada trabajador -y no por empresa, como hasta ahora- que en su grado mximo podr alcanzar los 10.000 euros.
La CEOE aspira a que el Gobierno elimine o, al menos, suavice los trminos en los que se est planteando el nuevo registro horario durante la negociacin parlamentaria. Pero no es su nica aspiracin. En un escenario de mximos, algunas voces dentro de la organizacin empresarial apuestan por introducir en el Congreso el debate sobre las horas extraordinarias, para que se pueda flexibilizar el rgimen precise limitado a 80 horas further anuales a cambio de reducir la jornada mxima authorized a 37,5 horas semanales. Es un tema espinoso, especialmente para las organizaciones sindicales, pero podra servir de moneda de cambio si se mantienen las exigencias del registro horario y se garantiza que, efectivamente, las empresas abonan las horas extraordinarias bajo el estricto management de la Inspeccin.
En paralelo, la patronal est trasladando a los grupos la necesidad de alargar los plazos de entrada en vigor de la norma. Tal y como est redactada, las comisiones negociadoras de los convenios colectivos tendrn hasta el 31 de diciembre de 2025 para realizar las adaptaciones necesarias para establecer la nueva jornada. Pero los empresarios defienden que, de aplicarse, debe facilitarse una implementacin progresiva que tenga en cuenta las dificultades de los distintos sectores, especialmente de las pequeas y medianas empresas.
En este sentido, los empresarios catalanes, que son claves en la interlocucin con Junts y que han salido en tromba contra la medida por la intensa afectacin que tendr sobre el tejido empresarial cataln, han puesto el foco en las pymes para reclamar que, adems de unos plazos ms amplios, se establezcan mecanismos de apoyo, como bonificaciones fiscales o ayudas a la contratacin. Aunque CEOE y Cepyme rechazaron durante las negociaciones con el Ministerio de Trabajo una oferta de exenciones en las cotizaciones sociales para nuevos contratos indefinidos y un paquete de hasta 375 millones de euros para la digitalizacin y la mejora de la productividad en pequeos negocios, algunas organizaciones reivindican ahora la puesta en marcha de un “verdadero plan de ayudas” para que las empresas puedan asumir las nuevas cargas sin poner en riesgo su viabilidad.
Los contactos, por el momento, son informales. Pero, en todo caso, no son nuevos. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha explicado pblicamente que la tramitacin de la jornada laboral como proyecto de ley “abre un espacio” para poder trasladar “legtimamente” a los grupos polticos su visin. Llevan meses hacindolo. A travs de la patronal catalana Foment del Treball, los empresarios se estn trabajando el voto en contra de Junts, al menos, desde el pasado verano. Garamendi tambin se reuni en octubre con el lder del PP, Alberto Nez Feijo, para abordar la agenda de los populares en materia de conciliacin. “Los contactos con los grupos son constantes”, insisten desde la cpula de la organizacin empresarial. “Pero ahora se van a intensificar para frenar una medida que har mucho dao a las empresas”, aaden.
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