La Audiencia de Barcelona ha ratificado la amnistía para los 46 policías que habían sido investigados por las cargas del 1 de octubre, según ha avanzado El Nacional’ y ha confirmado La Vanguardia. La resolución dictada por la sección tercera ha ratificado la decisión que ya adoptó en su día el juez de instrucción número 7 de Barcelona que determinó que los agentes debían beneficiarse de la ley del olvido penal y ha desestimado los recursos que presentaron la ANC, Òmnium, Irídia y dieciséis de los votantes heridos por la actuación policial. El tribunal sostiene que “las lesiones a los ciudadanos no fueron graves y que la finalidad no period castigar o humillar a los ciudadanos sino impedir, o intentar impedir, la celebración de la consulta, a pesar de que la fuerza utilizada fuese excesiva o desproporcionada en los casos investigados”. Remarca, además, que las acciones de los policías “no superan el umbral de gravedad”, límite que impone la ley de amnistía para excluirlo.
Las cargas “no superan el umbral de gravedad”, sostiene el tribunal
Òmnium Cultural, la ANC, Irídida y dieciséis personas afectadas presentaron un recurso en contra de la resolución al considerar que “ no podían beneficiarse de la amnistía los responsables de la violencia policial” al tiempo que apreciaban que “los actos investigados quedaban excluidos de la amnistía porque podían representar delitos de torturas y tratos inhumanos o degradantes que superan el umbral de gravedad de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y, por tanto, son actos excluidos del artículo 2 de la ley de amnistía”.
El sindicato JUPOL de la Policía Nacional aplaude la decisión y ve reafirmada su posición de que la actuación de los agentes estuvo marcada por la “legalidad y la proporcionalidad” en cumplimiento de su deber. reiteramos nuestro apoyo a todos los agentes que participaron en los operativos de aquel día, quienes actuaron con profesionalidad en circunstancias de extrema dificultad, enfrentándose a un entorno hostil mientras cumplían con su obligación de hacer cumplir la legalidad. Consideramos que esta decisión judicial supone un reconocimiento a su labor y a la injusticia de las acusaciones vertidas contra ellos durante los últimos años”.
