Desde que entró en vigor la ley de Amnistía el 11 de junio del 2024 se han beneficiado de ella siete meses después hasta 270 personas. Sin embargo, su aplicación hasta el momento ha sido muy irregular y lenta, y los más beneficiados siguen siendo agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad, según se desprende el informe de la Sindicatura per l’Amnistia recientemente publicado por Òmnium Cultural. Hasta 137 policías han visto como sus causas por episodios de violencia contra votantes del 1-O o contra manifestantes independentistas a lo largo del procés ya han quedado en el olvido, mientras que entre los encausados del lado independentista se han beneficiado de la norma 133 personas.
Según el informe, policías a parte, la mayoría de amnistías se han aplicado a personas que ejercían su derecho de protesta, manifestándose sobre todo en otoño del 2019 contra la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a más de 100 años de cárcel a los nueve líderes del procés, indultados parcialmente dos años después.
Precisamente, los políticos que estuvieron al frente de la organización del referéndum del 1-O, han recibido mayoritariamente denegaciones o suspensión de sus solicitudes. Al respecto, Ómnium denuncia que las instancias judiciales en las que se encuentran estas causas como el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional o, en parte, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya se han movilizado en contra de la ley.
El informe de la Sindicatura revela que respecto al informe que el mismo organismo publicó en octubre ha aumentado del 22% al 39% el número de personas que han logrado la amnistía o al menos han visto archivada su causa. No obstante, señala que menos de la mitad de las personas que Òmnium considera como represaliadas que han solicitado la amnistía -409 entre causas penales, contables o administrativas- ha recibido una resolución favorable (133).
La Sindicatura también apunta que los juzgados y tribunales apenas han actuado de oficio para aplicar la norma y que casi la mitad de las solicitudes están pendientes de resolución siete meses después de la entrada en vigor de la ley, y un 13% están suspendidas a la espera de la respuesta a cuestiones planteadas en el Tribunal Constitucional ( TC) o en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Casi un 15% de las solicitudes han sido directamente denegadas, “muchas veces sin justificación clara o con criterios arbitrarios e ideológicos”, lamenta Òmnium. Sin embargo, más de la mitad de los casos denegados han terminado con archivo contra el parecer del juez que instruía la causa.
El presidente de Òmnium, Xavier Antich, presentó el informe en el Parlament el pasado jueves y denunció irregularidades, lentitud judicial, “boicot” y “ofensivas políticas” en contra de la ley.
El informe recoge un complete de 1.610 casos amnistiables entre las causas penales y del Tribunal de Cuentas y, por otro lado, las sanciones administrativas; mientras que en el primer informe de octubre de 2024 se le había aplicado la amnistía al 22 % de los casos pedidos, en este nuevo informe se contabiliza que el 39% de solicitudes han sido amnistiadas, un proceso “de mucha lentitud”, según Òmnium Cultural.
En cuanto a las peticiones de amnistía por causas penales y del Tribunal de Cuentas, el 40 % de los 726 casos aún no se han resuelto, mientras que de las 884 sanciones administrativas, se han pedido 35 amnistías, de las cuales se han concedido 17, con cinco todavía pendientes de su resolución.
Según el presidente de Òmnium, en todos los procesos hay una tendencia “clara” de lentitud en la aplicación de la ley por falta de voluntad de los estamentos judiciales y una “doble vara de medir”, con resoluciones “rápidas para policías y en cuentagotas para los civiles”.
Por otro lado, Antich anunció que Òmnium hará llegar de forma inmediata este informe a la Comisión Europea en el marco del informe que elabora el Ejecutivo comunitario sobre la situación del Estado de Derecho en los distintos Estados miembros.
