El Congreso de los Diputados rechazó ayer —con los votos de PP, Vox y Junts— la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública, cuya puesta en marcha lleva más de 13 años de retraso: la Ley de Salud Pública de 2011 ya contemplaba su creación. Los expertos sanitarios consideran esencial un organismo así —que, entre otras cosas, facilita la recopilación de datos y agiliza la toma de decisiones— vista la experiencia de la covid-19 y ante el riesgo de una futura pandemia. Pero también para evaluar la salud de la población con el rigor exigible en una democracia avanzada y adelantarse a cualquier posible amenaza. El Gobierno dio en 2022 un primer paso para constituirla, pero decayó por la convocatoria electoral del año siguiente. Se reactivó en enero de 2024.
Después de que la Comisión de Sanidad del Congreso aprobase la semana pasada el correspondiente dictamen con apoyo de todos los grupos, salvo Vox, todo indicaba que finalmente vería la luz sin problemas. Sin embargo, el PP y Junts la tumbaron ayer en un bronco pleno por razones que nada tienen que ver con la salud de los 49 millones de españoles. Así, tendrá que volver a tramitarse desde cero una institución de carácter profesional y no político —se trataría un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Sanidad— que los científicos estiman prioritaria.
Populares y exconvergentes volvieron a mostrar que todo vale para desgastar al Gobierno. Esta vez el pretexto del PP para votar en contra de la Agencia nada tiene que ver con ella, sino con una mera disputa parlamentaria ajena a esa votación: fue su represalia a la negativa de la Mesa del Congreso de modificar en el último momento el orden del día y aplazar el debate de la ley contra el desperdicio alimentario.
La situación es esperpéntica no solo por el voto previo positivo de ambos partidos en comisión. De la intervención de la diputada in style que actuó como portavoz en el debate se deducía claramente, pese a sus críticas, que la intención inicial de su grupo period votar a favor. Y donde el esperpento alcanza su nota más alta es en el argumento de Junts para votar contra la Agencia junto a Vox y el PP: su portavoz, Miriam Nogueras, aseguró que su partido no puede apoyar nada que tenga que ver con España o con una entidad española. Lo dijo en los pasillos del Congreso español, donde es diputada —que se sepa, por voluntad propia—, y con la mochila del fracaso del procés.
La fragmentación parlamentaria ha hecho a la Cámara más plural y esa es la realidad que tenemos, pero provoca dependencias políticas disparatadas, como la que el Gobierno tiene de Junts. España vive un peligroso momento de embrutecimiento del discurso político que solo puede ahondar la desafección ciudadana. Y que, en esta ocasión, pone en riesgo nada menos que la mejor respuesta a los problemas de salud pública del presente y el futuro.
