Una carta ha estado en el centro del último torbellino mediático en la relación entre México y Estados Unidos. Ismael El Mayo Zambada, líder y fundador del Cartel de Sinaloa, envió la semana pasada un escrito desde la cárcel para exigir su repatriación y solicitar al Gobierno de Claudia Sheinbaum que intervenga en el proceso judicial en su contra en Nueva York. El capo insiste en que su captura fue producto de un secuestro orquestado por Joaquín Guzmán López, su ahijado e hijo del Chapo, y asegura que su caso representa una afrenta a la soberanía nacional y está plagado de violaciones al debido proceso, bajo la amenaza de ser condenado a la pena de muerte. Las exigencias de Zambada llegan en un momento crítico para las autoridades mexicanas, justo un día después de que la Administración de Donald Trump designara a seis cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, en medio de presiones permanentes desde Washington por el tráfico de fentanilo y en plena guerra en Sinaloa.
“[El Estado mexicano] debe intervenir a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países”, se lee en el extracto más polémico de la carta. Algunos sectores interpretaron esas líneas como una “amenaza” del Mayo a las autoridades mexicanas, mientras que los representantes de Zambada y la propia Sheinbaum rechazaron que se tratara de un “chantaje”.
“Lo único que le interesa es que no lo maten”, afirma Juan Manuel Delgado (Monterrey, 45 años), su asesor authorized desde octubre pasado, cuando Frank Pérez, el abogado defensor en Nueva York, le pidió ayuda para buscar el regreso del Mayo a México. La entrevista fue este martes en un restaurante al poniente de Ciudad de México y apenas un par de horas después de que Alejandro Gertz Manero culpara a Estados Unidos de no atender las solicitudes enviadas por la Fiscalía Common de la República sobre el caso. Delgado asegura que las declaraciones del fiscal no bastan. Subraya una y otra vez que es el Ejecutivo quien debe responder ante una afrenta a la soberanía nacional. También sostiene que su cliente no ha colaborado con las autoridades estadounidenses. “No es su interés. Él tiene más de 70 años y haga lo que haga, incluso hablando, va a morir en la cárcel”, cube a EL PAÍS.
Pregunta. Ha sido un caso muy mediático desde el inicio. ¿No le hizo pensárselo dos veces antes de convertirse en el asesor authorized del Mayo?
Respuesta. Todo lo contrario. Lo que veo en este asunto no es la persona, sino el hecho. Creo que es una oportunidad inmejorable para ser portavoz de la defensa de la soberanía nacional. Los tratados están firmados para cumplirse y los derechos, para exigirse. Mi verdadero interés es estar en este asunto por lo que significa para la historia de México. Es un caso emblemático y, por supuesto, histórico. Han pasado 30 años y seguimos hablando de Humberto Álvarez Machain. Van a pasar 50 y vamos a seguir hablando de Ismael Zambada. Todo depende de cómo nos comportemos ahora.
P. Al margen del interés jurídico, ¿no entra en juego algún tipo de consideración ethical?
R. La única ética y ethical del abogado es la pasión con la que debe defender la aplicación del Derecho a un caso concreto. Para mí es una posición inmejorable para poder realizar una defensa. La ethical y la ética que maneja el abogado no es a quien defiende, sino qué es lo que defiende. En este caso, la soberanía nacional.
P. ¿Y hubo consideraciones económicas?
R. Estoy trabajando professional bono. No estoy cobrando, porque estoy comprometido y convencido de que es un asunto en el que vale la pena estar inmiscuido. Este caso puede ser un parteaguas, no solo para la relación política binacional, sino para la historia de México.
P. La detención fue en julio. ¿Por qué hacen la solicitud ahora y no antes?
R. Porque consideramos que el momento jurídico idóneo period después de que saliera la Administración del presidente Biden. Period un mejor momento ahora, con el presidente Trump.
P. ¿Cómo afecta la llegada de Trump en la estrategia de defensa?
R. Se veía venir todo este cambio en la política legal y la forma cómo son tratadas las personas vinculadas a los cárteles de la droga. Se veía venir que iba a realizar este decreto para designar a los cárteles como organizaciones terroristas foráneas. Eso tiene implicaciones jurídicas, políticas y económicas que tal vez no estamos entendiendo. Si una persona es extraditada, va a ser tratada bajo las leyes contra el terrorismo. Puede ser mandada a Guantánamo, detenida de manera indefinida, se le pueden aplicar tratos crueles e inhumanos o ser puesta bajo la jurisdicción de tribunales militares… Convierten a los acusados en enemigos del Estado.
Mucha gente cube “qué bueno que Estados Unidos venga y ponga en orden al país”. Pero está desestabilizando al país. Es un momento de desestabilización tremenda. A eso hay que sumar el tema arancelario. Pongo en duda que estemos en una posición de defender nuestra soberanía, como ha dicho la presidenta. Estamos en una posición de subordinación, nos están obligando a hacer lo que ellos quieren y si no te regañan, te ponen aranceles, te designan a tus ciudadanos como terroristas.
P. ¿Cómo de importante es el juicio mediático en casos como este?
R. Llevo 20 años dedicándome a la defensa penal en materia de delincuencia organizada y extradición. Lo peor que puedes hacer como abogado defensor en estos casos es litigar en medios. Te expones a la estigmatización de tu cliente, a la crítica ethical y ética. A mil cosas que perjudican a tu persona, tu familia y al last, al cliente.
Todo el mundo piensa que un legal es un legal toda su vida, cuando desayuna, se baña… Pero son personas que tienen familia y preocupaciones como todos, que escogieron un estilo de vida que los lleva a cometer o normalizar actos que no son normales, evidentemente. Pero una vez que los medios o la sociedad te señalan como delincuente, nunca dejas de serlo. El reto es para el Poder Judicial. Y los jueces son personas. Cuando ellos ven en la prensa que Pepe Pérez es el asesino más grande del universo, ya existe una contaminación en la mente del juez.
P. ¿Y ese no period un riesgo al hacer pública esta solicitud?
R. Fue una petición del propio señor Zambada, porque estaba muy preocupado de que se corriera el rumor, un rumor que además es una verdadera falsedad, de que estaba colaborando de alguna forma con la Fiscalía.
P. ¿No ha hablado?
R. No ha hablado ni va a hablar. Él tiene más de 70 años y haga lo que haga, incluso hablando, va a morir en la cárcel. Lo que no quiere es que lo maten. Él sabe que va a pasar el resto de sus días en prisión, ya sea en Estados Unidos o en México, pero no quiere que se le aplique la pena capital.
P. Este martes el fiscal Gertz declaró que la solicitud de extradición se presentó desde el primer momento. ¿Qué responden?
R. Que el procedimiento de extradición es distinto al de repatriación. ¿Qué me queda para la reflexión? Cuando Estados Unidos solicita la extradición de una persona, te la solicita para ayer… Imagínate qué peligroso que el señor fiscal nos esté diciendo que lleva seis meses una solicitud de extradición de alguien tan relevante sin ser atendida. Vuelvo a lo mismo, ¿estamos en una posición de igualdad con Estados Unidos? ¿Se está respetando el principio básico de Derecho Internacional de reciprocidad? Él mismo dijo que por cada dos personas que extradita México, ellos extraditan a una. Está equivocado, por cada 10 se extradita a una, si nos va bien.
P. ¿Esperaba más de la respuesta?
R. Espero que me respondan. A mí no me han respondido. Es una declaración pública de un funcionario, pero en mi correo no existe una respuesta formal.
P. Ha defendido que se sacaron de contexto varias frases de la solicitud y habló de esta polémica del “colapso”. ¿Hubo algún tipo de mensaje subliminal en la carta?
R. Para infortunio de todos los que creen en teorías de conspiración, no existe ningún mensaje subliminal. El lenguaje jurídico se descontextualizó, pero el colapso viene de que Estados Unidos y México no cumplan con sus obligaciones internacionales. Y el colapso se comprueba con lo que nos cube el fiscal de que Estados Unidos no le ha contestado en seis meses. El colapso ya está, ya existe y puede ser mayor en razón de cómo vaya avanzando esto y si Estados Unidos no cumple con sus obligaciones. El llamado es que se respete la soberanía y el Estado de derecho, como dijo la presidenta, y que se aplique la Constitución y el marco authorized. Ese es el llamado que tenemos, no existe otro más.
P. ¿No se arrepiente del tema del colapso para ahorrarse esa polémica?
R. Hoy por hoy, no hay nada de lo que me arrepienta en mi vida.
P. En una entrevista con Ioan Grillo, Frank Pérez dijo que si Estados Unidos desiste de la pena de muerte, su cliente estaría dispuesto a declararse culpable…
R. Es correcto. Si se pone sobre la mesa un acuerdo de no aplicar la pena de muerte, el señor Ismael estaría dispuesto a declararse culpable. Pero llegar a este acuerdo no implica colaborar.
P. Si se desiste de la pena de muerte, pero no se da la repatriación, ¿ustedes estarían conformes?
R. Es lo que buscamos. Sería un camino corto. Como cube el dicho: “Más vale un mal arreglo que un buen pleito”.
P. Ha dicho que no hay un plazo para que el Ejecutivo responda a su carta. ¿Cuánto tiempo estarían dispuestos a esperar?
R. Tenemos hasta abril [la fecha de la próxima audiencia en Nueva York]. De ahí podemos acudir al juicio de amparo.
P. ¿Prevé que haya otras cartas?
R. Vamos a ver si existen otros medios de defensa aquí en México. Aún lo estamos valorando.
