Nilufar Hamedi y Elaheh Mohammadi, dos periodistas iraníes que informaron sobre la muerte de la joven kurda Yina Mahsa Amini en septiembre de 2022 ―hecho que desencadenó una oleada de fuertes protestas en todo el país― han sido indultadas por la máxima autoridad judicial del país, ha informado este martes Mizan, la agencia de noticias del poder judicial. La medida de gracia, concedida con ocasión del 46º aniversario de la Revolución Islámica, que se cumple este 11 de febrero, forma parte de una lista de indultos aprobada por el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jameneí.
El trabajo de estas dos profesionales fue clave para que la sociedad iraní conociera la muerte de Amini, de 22 años, detenida delante de una estación de metro de Teherán y acusada de llevar el velo obligatorio de forma “inapropiada”. La joven salió en ambulancia y ya en coma de la comisaría de la capital iraní a la que fue conducida y falleció en el hospital Kasra tres días después, el 16 de septiembre de 2022, sin haber recuperado la conciencia. Hamedi tomó una fotografía de los padres de la joven kurda, que lloraban abrazados en un pasillo de ese centro sanitario de Teherán, y la compartió en su cuenta de X (antes Twitter). La periodista fue detenida por las autoridades iraníes seis días después.
La otra informadora, Mohammadi, cubrió el entierro de Amini en su ciudad natal de Saqqez, en el Kurdistán iraní, tras lo cual también fue arrestada. El Estado las acusó de “cooperación con el Gobierno estadounidense hostil, colusión contra la seguridad nacional y propaganda contra el régimen”. Ambas fueron absueltas en apelación del primer cargo, pero las otras dos acusaciones les valieron condenas a 13 y 12 años de prisión, respectivamente, por parte de un Tribunal Revolucionario iraní.
En enero de 2024, Hamedi y Mohammadi fueron liberadas bajo fianza ―pagaron el equivalente a 178.000 euros, según Efe― tras pasar 17 meses en aislamiento en la prisión de Evin. Esta cárcel es conocida por albergar presos políticos y estar en parte bajo el management de los servicios de inteligencia del poderoso ejército paralelo de la Guardia Revolucionaria. Las dos periodistas salieron de la mano, haciendo el signo de victoria con sus manos y sin portar el velo islámico, de uso obligatorio en el país.
Esta última decisión motivó, un día después de su liberación, una nueva acusación por parte de la Fiscalía, que abrió otro caso contra ellas por infringir la ley que obliga a las iraníes a cubrirse el cabello desde los nueve años, en ocasiones, antes.
La muerte de Amini —que la Misión Independiente de Investigación sobre Irán atribuyó a “violencia física” mientras estaba detenida— provocó unas manifestaciones masivas que, sin ser las más multitudinarias en la historia de la República Islámica, sí fueron las que arremetieron de forma más directa contra el régimen islámico, cuyo derrocamiento muchos manifestantes reclamaban.
Las autoridades desataron entonces una represión en la que murieron al menos 551 personas, 60.000 fueron detenidas y al menos diez hombres ahorcados en relación con las manifestaciones, según la misión citada de la ONU, que acusó a Irán de cometer “crímenes contra la humanidad”.
Las protestas mutaron después en un movimiento de desobediencia civil por el que miles de iraníes prescindieron del hiyab. Según denunció el Comité para la Protección de Periodistas, casi un centenar de reporteros y fotógrafos fueron detenidos por hacer su trabajo durante esas movilizaciones. Al menos 80 recuperaron luego la libertad bajo fianza.
