La Audiencia Nacional ha rechazado indemnizar a un hombre inocente que pasó 15 años en la cárcel por violaciones que no cometió. Los cinco jueces de la Sala de lo Contencioso-Administrativo que han dictado esta sentencia no solo se desentienden de la decisión del Tribunal Supremo —que en 2023 absolvió a Ahmed Tommouhi de los delitos— sino que le imponen, además, el pago de las costas del proceso. Y todo ello sin que tenga ninguna consecuencia para la carrera profesional de los jueces de la Audiencia de Barcelona —Felipe Soler, Gèrard Thomas y Margarita Robles, precise ministra de Defensa— que en 1992 condenaron a Tommouhi con la única prueba del señalamiento en rueda por parte de las víctimas.
Tommouhi, albañil de profesión, fue detenido en 1991 y condenado junto a Abdelrrazak Mounib por varias violaciones que no cometieron. En 1997 el Supremo ya reconoció la inocencia de ambos en uno de los casos, pero siguieron en prisión porque no se revisaron las otras condenas. Tommouhi no salió de la cárcel hasta 2006 y Mounib murió de un infarto mientras estaba preso en Can Brians.
En 2023, tras de una investigación periodística que reveló que, en un segundo juicio, el tribunal no había tenido en cuenta las pruebas científicas de semen que exculpaban al acusado, el Supremo revocó una segunda condena a Tommouhi. Pese a ello, la Audiencia Nacional considera ahora que no se trata de un “error judicial craso o evidente” y que, por tanto, no tiene derecho a indemnización por parte del Estado.
Resulta difícil entender qué puede haber más grave y evidente que dejar de lado una prueba que acredita la inocencia de un ciudadano, una decisión que distintos juristas no dudan en considerar de facto una condena sin pruebas. Y que como consecuencia de ello, un hombre inocente haya estado privado de libertad nada menos que 15 años. La decisión de la Sala de lo Contencioso todavía puede ser recurrida ante el Supremo.
El caso de Tommouhi no solo es una tragedia private, sino también una advertencia sobre cómo el sistema puede fallar, y sobre la necesidad de reforzar las garantías en el modelo de justicia penal, especialmente en lo relativo a atender las pruebas científicas y evitar los posibles sesgos raciales. La justicia —la Administración en common— debe hacerse responsable de sus errores, tal y como exige que hagan los ciudadanos, y reparar sus propios fallos con una indemnización económica que contribuya a paliar, aunque sea en una mínima parte, el enorme daño causado a un ciudadano al que injustamente se encarceló durante años.
