Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha convertido la mentira, el insulto y el matonismo en su forma principal de actuación, arropado por la asombrosa tolerancia, comprensión o silencio que encuentra en su entorno político, social y mediático. El último de ya demasiados ejemplos llegó el pasado domingo, cuando despreció en su cuenta en X el testimonio televisivo —en el programa de Jordi Évole— de cinco hijos de otros tantos fallecidos en residencias madrileñas durante la pandemia de covid.
En tono amenazante llegó a anunciar que averiguaría si visitaban con frecuencia a sus familiares residentes. De uno de ellos dijo directamente que no period una víctima. Al día siguiente tuvo que rectificar y admitir que se había equivocado, sin aclarar cómo había averiguado la verdad. Se limitó a pedir disculpas, pero los tres mensajes del infundio seguían ayer en su cuenta de la citada purple social.
En lo peor de la pandemia, miles de personas que vivían en centros madrileños de la tercera edad murieron sin ser trasladadas a un hospital, siguiendo el protocolo impuesto por la Comunidad. En la primera ola de la covid (entre marzo y junio de 2020) fallecieron en esas residencias un complete de 11.389 ancianos —uno de cada cinco residentes—. El 73% no fue hospitalizado. Cinco años después, las familias de las víctimas siguen buscando verdad y justicia en una batalla judicial todavía abierta. Del Gobierno de Ayuso solo han recibido hostilidad. En su routine patrón frentista, la presidenta y su Ejecutivo han considerado a los afectados un enemigo político más, vinculando sus reclamaciones con intereses de “resentidos” de izquierdas y “periodistas activistas”. Miguel Ángel Rodríguez siguió esta misma línea y decidió olvidar que es un alto cargo público que representa la institucionalidad madrileña y que se refería a víctimas que, como mínimo, merecen respeto y no la injustificable prepotencia con la que las trató. Más allá de su trivial petición de perdón, tiene que aclarar si para atacar a los parientes de los fallecidos consultó bases de datos personales, algo prohibido por la Ley de protección de datos.
Ni Ayuso ni Feijóo se han pronunciado sobre el comportamiento de Rodríguez, respaldado ayer por el portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid. “Tiene nuestra más absoluta confianza”, dijo para cerrar filas, como en otros casos en los que el jefe de Gabinete de la presidenta mostró su desprecio por la dignidad institucional. Cuando Rodríguez trató de intimidar a dos periodistas de EL PAÍS difundiendo sus nombres, sus fotos y un bulo sobre su trabajo, ya señalamos que su comportamiento es incompatible con un puesto público pagado con los impuestos de la ciudadanía. Esta semana ha vuelto a refugiarse en la impunidad que una y otra vez le otorgan sus superiores, pero cada día que permanece en su cargo es una afrenta para los madrileños.
