La compra de la casa Orsola por parte del Ayuntamiento de Barcelona y la fundación Hàbitat3 es un “precedente peligroso”, a juicio de Foment del Treball, la Asociación de Promotores de Cataluña (APCE) y el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona y Provincia, que, por medio de un comunicado, han censurado este jueves al alcalde Jaume Collboni por esta operación. “Hay que evitar que se instale el relato de que si un propietario no cede a ciertas exigencias populistas la Administración acaba interviniendo”, han afirmado estas entidades.
Se ha dado un “trato singular” a los inquilinos de este inmueble del Eixample, añaden la patronal, los promotores y los API, “usando recursos públicos para beneficiar sólo a un grupo determinado de ciudadanos en detrimento de muchos otros que se encuentran en situaciones iguales o peores”. Por ello, consideran que se ha producido un “agravio comparativo inadmisible”.
Con los 9 millones de la operación se podrían construir 50 pisos de protección oficial, destacan de las tres entidades
El coste de la operación, de unos 9 millones de euros, que supone la compra de 26 viviendas, permitiría, según las citadas organizaciones, construir 50 pisos de protección oficial. No ha sido esta, a su entender, una compra que se haya hecho con criterios de eficiencia económica. Y más aún cuando se ha hecho “pagando un 50% más de la cantidad por la que el anterior Consistorio hubiera podido aquirirla haciendo uso del derecho de tanteo y retracto del que disponía”.
Esta compra, añaden, “también ha puesto en evidencia una manipulación del concepto de vulnerabilidad para justificar una decisión política”. Foment APCE y el Colegio de API consideran “especialmente grave este intento de redefinir la vulnerabilidad a conveniencia, ya que esto perjudica a las personas que realmente la padecen, miles de familias que no tienen acceso a una vivienda digna y que se encuentran en situaciones de exclusión severa”.
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En cualquier caso, subrayan, lo ocurrido con la casa Orsola “abre la puerta a nuevas injerencias políticas en operaciones privadas, creando una incertidumbre jurídica inaceptable”. Si el Ayuntamiento y otras administraciones, añade, “siguen actuando de esta forma, los inversores y propietarios no tendrán incentivos para mantener y ofrecer viviendas en el mercado de alquiler”.
“La defensa de la propiedad privada y el cumplimiento de las leyes no sólo es una cuestión económica, sino una garantía basic para el buen funcionamiento de nuestra sociedad”, concluyen las tres entidades, que recuerdan que “Barcelona y Cataluña necesitan políticas de vivienda rigurosas y equitativas, no operaciones mediáticas que degradan la confianza en las instituciones y distorsionan el mercado”.
