Foment del Treball ha pedido a la Generalitat que intervenga para evitar que el impuesto extraordinario a las energéticas se convierta en definitivo, tal y como pretende el Gobierno. La patronal catalana considera que es una medida discriminatoria con el sector energético y recuerda que, de confirmarse, se pondrá en riesgo la continuidad de varias inversiones importantes, como el paquete de actuaciones valorado en 1.000 millones de euros de Repsol en la petroquímica de Tarragona.
La organización presidida por Josep Sánchez Llibre indica que “este gravamen es una carga a la industria que compite con los mercados internacionales”. “No tiene ningún carácter redistributivo y se convierte en una afectación negativa para la competitividad de la industria que incide en las inversiones, la continuidad de las actividades y la ocupación industrial”, ha añadido.
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Foment recuerda que el Gobierno se ha comprometido con el nuevo Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec) con un horizonte a 2030 que implica una inversión de más de 300.000 millones de euros. La patronal afirma que, con este impuesto, estos proyectos no serán rentables.
La organización empresarial apunta que esta medida es un nuevo ataque a la seguridad jurídica y regulatoria y que enmascara un “afán recaudatorio”. Foment también apunta que este impuesto puede ser “desestabilizador entre los territorios y para la libre competencia”. “Si alguna comunidad autónoma tuviera la posibilidad de compensar el impuesto a las empresas localizadas en su territorio, provocaría un agravio comparativo además de generar una competencia desleal”, en clara referencia al acuerdo entre el Gobierno y el País Vasco.
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